La detención del juez Michael Jhoan Quiroga Llanos marcó un punto culminante en una serie de eventos institucionales relacionados con el proceso elect
La detención del juez Michael Jhoan Quiroga Llanos marcó un punto culminante en una serie de eventos institucionales relacionados con el proceso electoral. Quiroga, quien intentó impedir la cancelación de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) mediante la admisión de una acción de amparo, fue aprehendido y trasladado a la ciudad de Santa Cruz, donde permanece bajo custodia del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc). Esta medida se tomó debido a que el juez no contaba con competencia territorial ni electoral para conocer el caso, según lo señalado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, advirtiendo que el juez había aceptado el recurso a pesar de la declinatoria de competencia presentada por el Órgano Electoral. Esta declinatoria fue planteada con anticipación, alertando que la insistencia en el conocimiento del caso podría acarrear sanciones legales y disciplinarias contra el juez.
Por su parte, el Ministerio Público, a través del fiscal Alfredo Melgar, informó que se inició una investigación para determinar la naturaleza penal del hecho, tras analizar los documentos incautados por la Policía. Melgar indicó que no existía justificación legal para que la autoridad judicial admitiera el recurso en su jurisdicción.
El amparo presentado buscaba la restitución de 136 candidatos de la alianza SAO-ADN, quienes fueron excluidos de la contienda electoral luego de una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional. El TSE denunció diversas irregularidades en el proceso, tales como notificaciones fuera de tiempo a través de WhatsApp sin plazos adecuados para la defensa, la falta de competencia territorial debido a que los hechos ocurrieron en la sede del Órgano Electoral, y la ausencia de legitimación activa, ya que el recurso fue presentado por un ciudadano sin representación legal de la alianza.
Además, se advirtió que la admisión del amparo vulneraba el principio de preclusión y ponía en riesgo el normal desarrollo de las elecciones subnacionales programadas para marzo de 2026.
Este incidente sucede días después de que varias instituciones, entre ellas el TSE, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, firmaran un acuerdo interinstitucional para garantizar la transparencia y estabilidad del proceso electoral, con especial énfasis en proteger el principio de preclusión frente a la judicialización del calendario electoral.
Cabe destacar que el juez Quiroga ya había sido cuestionado anteriormente en 2024 por admitir recursos relacionados con la supervisión de congresos partidarios en diferentes localidades, lo que también generó controversias en el ámbito electoral




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