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La polémica en torno a la gestión y distribución de los recursos económicos del Estado ha vuelto a cobrar fuerza en el escenario político regional, tras las declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. Su reciente comentario respecto a la propuesta del presidente Rodrigo Paz sobre la repartición equitativa del presupuesto público ha generado una fuerte reacción por parte de líderes políticos y representantes regionales, evidenciando una tensión latente entre el centralismo estatal y las demandas de autonomía económica que plantean las regiones.
En un contexto donde el modelo de distribución de recursos sigue siendo un tema sensible para los departamentos con mayor peso económico y poblacional, Barrientos manifestó su rechazo a la idea de entregar el 50% de los recursos directamente a las regiones sin condiciones previas. Su afirmación, expresada en una entrevista con un medio local cruceño, dejó claro que desde su perspectiva no es viable transferir ese porcentaje sin considerar mecanismos y plazos específicos para su implementación. Esta postura refleja una visión más centralista que prioriza un control estatal más rígido sobre los fondos públicos, lo que ha provocado cuestionamientos inmediatos por parte de actores políticos regionales.
Entre los críticos se encuentra Juan Pablo Velasco, candidato a la Gobernación de Santa Cruz y también secretario del partido Libre. Velasco expresó su sorpresa e indignación ante las palabras de Barrientos, especialmente porque ella ocupa un cargo vinculado directamente a las autonomías departamentales y municipales. Para él, resulta contradictorio que una autoridad encargada de promover la descentralización se manifieste en contra de una propuesta que busca justamente fortalecer la autonomía económica y tributaria de Santa Cruz. En un video difundido en sus redes sociales, Velasco cuestionó cómo alguien que forma parte del gobierno central puede pretender imponer límites o condiciones sobre recursos que corresponden legítimamente a las regiones.
El candidato enfatizó que Santa Cruz debe tener plena capacidad para manejar sus propios recursos sin interferencias ni restricciones excesivas desde el nivel central. Esta demanda va más allá de una simple cuestión financiera; representa un reclamo histórico por mayor autogobierno y reconocimiento del aporte económico significativo que realiza esta región al país. La insistencia en dejar atrás el centralismo refleja no solo una postura política sino también una aspiración ciudadana que busca mayor equidad y justicia en la distribución del poder y los recursos públicos.
Las declaraciones contrapuestas entre la viceministra Barrientos y Juan Pablo Velasco ponen nuevamente sobre la mesa un debate clave para el futuro político y económico del país: cómo articular un sistema justo y funcional para repartir los ingresos estatales entre el gobierno central y las regiones, respetando al mismo tiempo los principios constitucionales sobre autonomías. La tensión evidenciada en este caso también puede interpretarse como un reflejo del choque entre intereses centrales y demandas locales, donde cada actor defiende su visión sobre cómo debe gestionarse el Estado.
Este episodio adquiere mayor relevancia si se considera que forma parte del debate más amplio impulsado por el presidente Rodrigo Paz, quien propuso una distribución 50/50 para garantizar mayor equilibrio fiscal entre el nivel central y las gobernaciones o municipios. La reacción negativa desde sectores vinculados al gobierno nacionalista pone en evidencia las dificultades para avanzar hacia modelos descentralizados efectivos cuando persisten resistencias internas dentro mismo del aparato estatal.
Para las poblaciones involucradas, especialmente en departamentos como Santa Cruz, esta disputa no es solo política sino también práctica, ya que impacta directamente en la ejecución de proyectos sociales, infraestructura y servicios públicos fundamentales. La autonomía económica permite diseñar políticas adaptadas a las necesidades locales con mayor eficiencia y control ciudadano. Por ello, cualquier intento por limitar este derecho genera preocupación entre quienes buscan fortalecer sus instituciones regionales.
En definitiva, este intercambio verbal expone las complejidades inherentes al proceso descentralizador en Bolivia, donde conviven intereses diversos y visiones contrapuestas sobre cómo debe distribuirse el poder económico dentro del Estado plurinacional. El desafío ahora será encontrar mecanismos claros y consensuados para avanzar hacia una gestión más equilibrada que respete tanto la unidad nacional como las particularidades regionales. Mientras tanto, voces como la de Juan Pablo Velasco seguirán insistiendo en dejar atrás prácticas centralistas para abrir paso a un modelo más justo e inclusivo que reconozca plenamente la autonomía económica territorial
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