José Luis Lupo advierte que no hay otro camino pese al dolor y sacrificio

Uno de los principales referentes del Ejecutivo, con amplia experiencia en economía y gestión pública, se ha pronunciado con firmeza respecto al reciente Decreto Supremo 5503, asegurando que no está sujeto a negociación bajo ninguna circunstancia. Este funcionario, quien en la primera vuelta electoral fue adversario político de Rodrigo Paz y hoy desempeña un papel fundamental en la administración gubernamental, respondió con claridad a las consultas sobre la eliminación de la subvención en combustibles.

Al ser consultado sobre cómo enfrentará el Gobierno las repercusiones de esta medida, explicó que la decisión no es un acto inicial de la actual gestión, sino la culminación de un proceso para corregir las consecuencias de dos décadas de políticas económicas deficientes, corrupción y mala administración. Subrayó que estas acciones eran previsibles y necesarias para superar la crisis económica que atraviesa el país.

Frente a las advertencias de sectores que amenazan con tomar medidas de presión si el decreto no es revocado en 24 horas, el representante gubernamental enfatizó la necesidad de cambiar la cultura del conflicto y la violencia. Indicó que continuar con la situación anterior conduciría al fracaso y al empobrecimiento nacional, por lo que se debe optar por medidas que, aunque difíciles, protejan a los más vulnerables y permitan salir adelante de manera conjunta.

Respecto al momento elegido para implementar esta medida, aclaró que no hubo un cálculo político o de calendario, sino una decisión responsable basada en análisis técnicos que consideraron el impacto social, productivo y macroeconómico. Indicó que el déficit fiscal es la raíz del problema y que la demora en tomar acciones solo prolongaba el daño económico, incluyendo la pérdida de recursos por contrabando de subsidios.

En cuanto a la continuidad de la subvención, explicó que el Gobierno mantiene el precio de la gasolina por debajo del valor internacional para mitigar el impacto en la canasta familiar, dado que sólo se importa el 50% de la gasolina, mientras que el diésel, que se importa en un 95%, tiene un precio equivalente al internacional.

Sobre la respuesta a sectores como mineros, transportistas y la Central Obrera Boliviana, afirmó que el diálogo será la vía para enfrentar la situación. Además, destacó que el combustible representa menos del 20% en los costos del transporte y que se han eliminado impuestos a repuestos y otros insumos para reducir gastos. Reconoció que la situación es difícil y dolorosa, pero insistió en que no hay alternativa para garantizar la viabilidad del país.

El funcionario descartó cualquier posibilidad de modificar o derogar el decreto supremo, reiterando que estas medidas son imprescindibles para salir de la crisis y que no están abiertas a negociación.

En relación con el aumento en las tarifas del transporte público, pidió comprensión a la población, señalando que el incremento no es arbitrario y que se busca equilibrar los costos mediante la reducción de otros gastos. Advirtió que quienes intenten aprovecharse de la situación para duplicar pasajes perderán su mercado.

Sobre el modelo económico anterior, sostuvo que no existió un plan productivo real durante la gestión previa, sino instrumentos que facilitaron el saqueo, como los subsidios a los hidrocarburos y la creación de empresas públicas inviables.

Finalmente, ante la posibilidad de bloqueos y paros, señaló que el Gobierno cumplirá con la ley en toda su extensión, pero también mantendrá abiertas las puertas al diálogo con todos los sectores para explicar las razones detrás de las medidas y buscar una estabilización conjunta del país