Investigación revela comunicaciones y francotiradores en ataque mortal a policías en Llallagua

La investigación en torno al trágico fallecimiento de tres efectivos policiales durante un operativo de desbloqueo en Llallagua el 12 de junio continúa profundizándose, revelando detalles cruciales sobre la coordinación de los responsables. Recientemente, se ha confirmado que los principales sospechosos de la agresión mantenían una comunicación telefónica constante con individuos situados a considerable distancia, incluso en la región del trópico de Cochabamba.

El análisis técnico-científico de las comunicaciones ha permitido trazar un complejo diagrama de vínculos, detectando un significativo tráfico de llamadas entre los autores del lamentable suceso en Llallagua y sus contactos en la zona del trópico. Se logró identificar un total de 42 números telefónicos que operaban dentro de un radio de 15 kilómetros, y que a su vez mantenían conexiones secundarias con otras áreas geográficas.

En este contexto, Ramiro Cucho ha sido señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del ataque. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para revertir su situación de libertad, sustentados en informes de inteligencia y material audiovisual que lo vinculan a reuniones previas al incidente, la solicitud ha sido denegada por la instancia judicial. Las autoridades han manifestado su firme intención de insistir en su detención hasta lograr que regrese al centro penitenciario.

Paralelamente, se han ejecutado una serie de allanamientos en diez propiedades ubicadas en Llallagua y sus alrededores. Durante estas operaciones, se incautaron armas de fuego, proyectiles calibre 7.65, dinamita, fulminantes y otros elementos de uso militar. Como resultado de estos operativos, cinco personas fueron aprehendidas. Entre ellas se encuentra Galo Jorge Chiri, a quien se le imputa la autoría material en el asesinato de un teniente y las graves lesiones infligidas a un capitán.

Los peritajes balísticos y los testimonios recabados han corroborado la participación de cuatro francotiradores en la emboscada. Uno de ellos, ya bajo custodia, fue localizado gracias a estas pruebas que lo sitúan en el punto exacto desde donde se efectuaron los disparos. Adicionalmente, las autoridades han intensificado la búsqueda de otros implicados, Milán Mamani Vicente y Raúl Achacata Choquetupa, en la localidad de Villa 14 de Septiembre, en el trópico cochabambino. En las diligencias también se descubrieron dos vehículos indocumentados pertenecientes a Ramiro Cucho, una camioneta y una Toyota Rav-4, los cuales habían sido fotografiados tanto en los puntos de bloqueo como en su residencia en Llallagua.

Los cinco individuos aprehendidos permanecen bajo custodia policial en Llallagua, a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Si bien se consideró su traslado a la ciudad de La Paz, esta opción fue descartada por razones de seguridad. La comisión de fiscales ha solicitado formalmente que los detenidos sean trasladados a un centro penitenciario fuera del departamento de Potosí, dada la complejidad y el riesgo que implicaría su permanencia en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos.

Entre las pruebas recolectadas que fundamentan las imputaciones se incluyen imágenes de vigilancia captadas por ciudadanos, registros telefónicos detallados, pericias forenses exhaustivas y declaraciones testimoniales. Uno de los imputados fue visualizado portando un arma de fuego durante el ataque, lo que refuerza su vinculación directa con el suceso.

El trágico incidente se produjo en el contexto de las movilizaciones sociales que exigían la habilitación de una candidatura presidencial. Durante una operación para despejar una vía bloqueada en Llallagua, una patrulla policial fue emboscada con disparos de francotiradores. En el ataque perdieron la vida los subtenientes Carlos Enrique Apata Tola y Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, junto al sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales. La brutalidad del crimen generó una ola de indignación a nivel nacional, lo que impulsó una respuesta coordinada del Gobierno, la Policía y el Ministerio Público para identificar y capturar a todos los responsables