El director nacional de Interpol, Juan Bazoalto, informó que se activaron alertas en 31 puntos fronterizos, incluyendo carreteras y aeropuertos, con e
El director nacional de Interpol, Juan Bazoalto, informó que se activaron alertas en 31 puntos fronterizos, incluyendo carreteras y aeropuertos, con el objetivo de impedir la salida del país de exautoridades. Esta medida se implementa en el contexto del reciente cambio de gobierno en Bolivia, donde el 8 de noviembre Rodrigo Paz asumió la presidencia, marcando el fin de casi dos décadas de liderazgo del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Bazoalto explicó que, en coordinación con la Dirección de Migración, se garantizará el cumplimiento de disposiciones legales que prohíben a exfuncionarios abandonar el territorio nacional durante un período determinado. Esta regulación está basada en la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria, que establece que las autoridades que culminan sus cargos deben permanecer en el país por un plazo de tres meses. Esta obligación abarca a presidentes, vicepresidentes, ministros, legisladores y ejecutivos de empresas estatales.
La Ley de Permanencia Obligatoria, promulgada en octubre de 2020, busca asegurar que los funcionarios salientes entreguen los informes necesarios para mantener la transparencia, proteger los intereses del Estado y facilitar la continuidad administrativa, además de prevenir la impunidad ante posibles actos de corrupción.
Según Bazoalto, el plazo estipulado por la normativa es de 90 días y, tras verificar con el servicio de Migración, hasta el momento no se ha registrado ninguna solicitud de salida por parte de exautoridades, lo que indica el cumplimiento de esta disposición.
Conocida también como la Ley de Arraigo, esta normativa se aplica a funcionarios de entidades públicas y mixtas que administran recursos fiscales, promoviendo la rendición de cuentas y evitando posibles fugas en caso de investigaciones por irregularidades.
En este marco, el diputado Carlos Alarcón advirtió que permitir la salida de exautoridades en contravención a esta ley constituiría un delito por incumplimiento de deberes, subrayando la importancia de la vigilancia en los puntos migratorios para garantizar el respeto a la normativa vigente
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