Doce personas imputadas por entorpecer labores petroleras en Tariquía

Conflicto entre comunarios y empresas petroleras en Bolivia genera imputaciones
Un total de 12 personas fueron imputadas en Tariquía por presuntamente entorpecer las labores de YPFB y Petrobrás en un pozo petrolero. El conflicto ha generado tensiones en la zona y destaca la importancia de abordar los conflictos de manera transparente.
Un total de 12 personas fueron imputadas dentro de un grupo conformado por 29 comunarios y activistas de Tariquía, los cuales fueron denunciados por presuntamente entorpecer las labores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobrás en el pozo Domo Oso X3, ubicado en la zona de Chiquiacá. La información fue proporcionada por el abogado de los comunarios, Roger Ibarra, quien señaló que, si bien aún no han recibido notificación oficial, han tenido conocimiento a través del sistema JL del Ministerio Público sobre las acciones tomadas por la Fiscalía.

Según lo explicado por Ibarra, la Fiscalía habría emitido dos actuaciones conclusivas en este caso. Una de ellas sería una resolución de rechazo a favor de 17 de las 29 personas involucradas, mientras que la otra sería una resolución de imputación en contra de las otras 12 personas. Los delitos que se les imputan a este grupo incluyen atentado contra la libertad de trabajo, así como impedir y estorbar la función pública.

El conflicto entre los comunarios y las empresas petroleras se remonta a octubre de 2024, cuando la estatal petrolera presentó una demanda contra los 29 comunarios de Chiquiacá, alegando que habían obstaculizado su trabajo en la zona. Los pobladores iniciaron una vigilia en el ingreso de Saicán como medida de protesta, argumentando que los funcionarios no contaban con la autorización necesaria para acceder al pozo petrolero y que no estaban respetando la posición adoptada por las 11 comunidades afectadas.

A principios de este año, el fiscal encargado inicialmente rechazó la denuncia por falta de indicios suficientes, considerando que sería difícil sostener la acusación en un juicio oral. Sin embargo, esta determinación fue revocada por la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, debido a la existencia de actuaciones pendientes en el caso. La imputación de las 12 personas, según información obtenida por la Agencia de Noticias Fides (ANF) y fechada el 29 de abril, lleva la firma del fiscal de materia Beimar Farfán.

El desarrollo de este caso ha generado tensiones en la zona, resaltando la importancia de abordar de manera diligente y transparente los conflictos entre las comunidades locales y las empresas extractivas, a fin de garantizar el respeto por los derechos de ambas partes y promover un diálogo constructivo en busca de soluciones equitativas.
El caso de las imputaciones en Tariquía resalta la necesidad de abordar los conflictos entre comunidades locales y empresas extractivas de manera equitativa y constructiva para garantizar el respeto de los derechos de ambas partes.