La contienda electoral se ha visto empañada por una escalada de acusaciones mutuas entre las principales alianzas políticas, desviando la atención de
La contienda electoral se ha visto empañada por una escalada de acusaciones mutuas entre las principales alianzas políticas, desviando la atención de las propuestas de gobierno hacia una guerra sucia. Las imputaciones se centran en presuntos vínculos con actividades ilícitas y el origen dudoso de los fondos de campaña.
El punto álgido de este enfrentamiento se desencadenó cuando un representante de la alianza Libre señaló al candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, alegando que su campaña estaría siendo financiada con recursos de procedencia cuestionable. Esta afirmación se basó en la renuncia de una candidata cuyos familiares habrían tenido conexiones con el narcotráfico. La respuesta desde la alianza Unidad no se hizo esperar, y sus voceros y candidatos cuestionaron la legitimidad de los fondos que estarían sustentando la campaña de Tuto Quiroga, postulante de Libre, insinuando una posible relación con el quebrado Banco Fassil.
Las acusaciones de parte de Libre apuntaban a la vinculación de un miembro de la lista de Unidad con personas buscadas por la justicia brasileña, y se cuestionaba si el considerable gasto en publicidad y logística electoral no estaría siendo cubierto por un clan familiar presuntamente ligado al narcotráfico.
Por su parte, la alianza Unidad intentó distanciarse de la confrontación directa, pero no sin lanzar sus propias críticas. Se planteó la interrogante sobre si la campaña de Quiroga estaría siendo financiada con fondos provenientes del Banco Fassil, cuya quiebra ha generado responsabilidades penales para el padre del candidato a vicepresidente de Libre.
La disputa se extendió al ámbito parlamentario, con diputados que también son candidatos participando activamente en el debate. Integrantes de la alianza Libre reiteraron las acusaciones contra Samuel Doria Medina, calificándolo de formar parte de un clan del narcotráfico y corrupción. Se recordó la participación de un exparlamentario de Doria Medina en un caso de sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos, sugiriendo una historia de nexos con actividades ilícitas y corrupción.
Desde la alianza Unidad, se cuestionó el origen de los fondos para la campaña de Tuto Quiroga, señalando que su compañero de fórmula tiene vínculos con personas investigadas por el caso del Banco Fassil, y sugiriendo que el dinero podría provenir de los ahorros de ciudadanos afectados por la quiebra de la entidad financiera.
Un diputado de Creemos y miembro de Unidad también se pronunció, acusando al candidato presidencial de Libre de ser una figura funcional al partido oficialista y denunciando una supuesta coordinación para perjudicar la candidatura de Doria Medina. Se señaló que un diputado del partido oficialista estaría tramando una denuncia judicial para afectar a Doria Medina, y se recordó a Tuto Quiroga su presunta colaboración con el gobierno anterior en 2019, facilitando la salida del país del expresidente.
El partido oficialista, que busca la continuidad en el poder, también se sumó a la dinámica de la guerra sucia. El ministro de Medio Ambiente y Aguas arremetió contra Doria Medina, insinuando que el exministro Arturo Murillo, actualmente procesado por corrupción en Estados Unidos, se uniría a su equipo de campaña. Se sugirió que Doria Medina estaría complacido con esta posible incorporación, dado que Murillo fue su ministro durante la gestión de Jeannine Añez, periodo en el que Doria Medina también fue candidato a vicepresidente.
Analistas coinciden en que la campaña electoral actual se caracteriza por una marcada ausencia de propuestas concretas y seriedad por parte de los candidatos. En lugar de establecer una conexión con el electorado a través de ideas claras o soluciones estructurales, se prioriza una estrategia de desgaste del oponente. Los expertos señalan que los estrategas de campaña están privilegiando la guerra sucia por encima de la presentación de una visión renovada del país, mostrando una incapacidad para abordar los complejos desafíos que enfrenta la nación y enfocándose en la confrontación y la exposición de información comprometedora.
Se advierte que la sobrecarga de información y el énfasis en el aspecto emocional de la campaña podrían llevar a decisiones de voto basadas más en el sentimiento que en el análisis de las propuestas. La falta de una ruta clara y sistemática en las campañas, sumada a la ausencia de diferenciación entre los candidatos, genera una percepción de estancamiento, a pesar de la importancia de la emocionalidad en la era digital de las redes sociales.
La propaganda electoral en actos públicos comenzó el 19 de mayo, mientras que en medios masivos de comunicación se inició el 18 de julio, ambas etapas concluyendo el 13 de agosto.
Según una encuesta reciente, un porcentaje significativo de votantes aún no ha definido su preferencia electoral, lo que indica un alto nivel de indecisión que podría influir en el resultado final de los comicios. Las regiones con mayor concentración de votantes indecisos son La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.
En Santa Cruz, se han programado encuentros de diálogo entre importantes sectores estratégicos y los candidatos presidenciales. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) organizará un foro agropecuario, mientras que la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de Santa Cruz (SIBSC) iniciará un ciclo de encuentros técnicos. Ambos eventos buscan presentar a los candidatos la visión sobre el futuro del sector agropecuario y una agenda técnica con proyectos estratégicos para el desarrollo del país. Los organizadores han invitado a los principales postulantes a exponer sus propuestas y abordar las demandas de estos sectores productivos
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