Grover García cuestiona a Luis Arce y pide cárcel por caso Fondo Indígena en Bolivia

Grover García, actual presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), ha cambiado su postura respecto a Luis Arce, con quien anteriormente formó una alianza política en la disputa interna contra Evo Morales. Ahora, García sostiene que, si se confirma la implicación de Arce en actos de corrupción, este debe enfrentar la justicia y cumplir una condena. En declaraciones recientes, García respaldó las investigaciones judiciales relacionadas con el desvío de fondos del Fondo Indígena y confirmó que Arce fue expulsado del MAS un mes antes de concluir su mandato presidencial.

Entre 2022 y 2024, García y Arce trabajaron juntos para obtener el control del MAS frente a Evo Morales, pero esta confrontación interna terminó fragmentando al partido. Esta división se reflejó en las elecciones generales de 2025, donde el MAS, que había dominado las urnas en cuatro comicios consecutivos con más del 50% de los votos, apenas logró superar el 3%, el mínimo requerido para mantener su registro legal.

Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) otorgara el control del MAS a la facción liderada por Arce, García fue elegido presidente del partido. Sin embargo, actualmente se distancia de Arce y apoya que la justicia imponga las sanciones más severas si se comprueba su responsabilidad en actos corruptos.

Sobre la situación política de Arce, quien en 2020 ganó la Presidencia con un amplio respaldo, García fue enfático en señalar que cualquier indicio de corrupción debe ser investigado a fondo y, en caso de comprobarse, debe aplicarse la pena correspondiente. Asimismo, destacó que la corrupción ha contribuido al deterioro económico del país, aunque también criticó la falta de imparcialidad y transparencia en el sistema judicial boliviano. A pesar de estas observaciones, insistió en que nadie debe estar por encima de la ley.

García reveló que la expulsión de Arce del MAS se decidió mientras este aún ejercía la Presidencia. La medida se tomó luego de que Arce no respondiera a tres solicitudes formales para explicar la falta de aportes al partido. Según García, la expulsión se fundamentó en el desvío de fondos y en la incapacidad de Arce para controlar la corrupción en las instituciones públicas.

Además de los aspectos relacionados con la corrupción, García mencionó problemas de gestión que afectan al país, como la crisis en el suministro de combustibles, la escasez de divisas y el aumento en el costo de la canasta familiar. Subrayó que un gobernante debe atender las demandas de la población con transparencia y eficacia.

Aunque García cuestionó el procedimiento que derivó en la detención de Arce, señalando posibles abusos de autoridad y motivaciones políticas para aparentar cumplimiento, reiteró que, si se determina su responsabilidad penal, debe ser sancionado conforme a la ley.

Respecto al caso del Fondo Indígena, la Fiscalía investiga a Arce por presuntas irregularidades cometidas entre 2013 y 2015, durante su gestión como ministro de Economía. La acusación señala que más de 100 millones de bolivianos fueron transferidos desde este fondo a cuentas personales de dirigentes de organizaciones sociales vinculadas al MAS, bajo la supuesta justificación de proyectos de desarrollo campesino.

Arce enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y la Fiscalía solicitó su detención preventiva por 90 días en el Centro de Reinserción de Qalauma, en Viacha, tras su aprehensión en La Paz.

El denunciante, abogado Eduardo León, detalló que el caso gira en torno a la transferencia de recursos públicos a cuentas privadas, involucrando a al menos 20 personas y sumando un total de 102,8 millones de bolivianos. Entre los principales beneficiarios se encuentran exdirigentes de organizaciones como la Csutcb, las Bartolinas, grupos interculturales y la Tupac Katari, así como miembros destacados del MAS, quienes recibieron millonarias sumas en cuentas personales