El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco enfrenta una situación crítica en términos de ingresos económicos, según lo expuesto por José Luis Abrego
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco enfrenta una situación crítica en términos de ingresos económicos, según lo expuesto por José Luis Abrego, un alto funcionario de la administración regional. En una reciente aparición en un programa de televisión, Abrego destacó que la disminución de recursos ha impactado severamente a la región, lo que ha llevado a la población a movilizarse en busca de soluciones.
Abrego subrayó que, aunque la demanda de la comunidad es legítima, ha habido desinformación que ha conducido a la movilización de familias, a quienes se les ha amenazado con la pérdida de viviendas sociales si no participan en las protestas. Esta situación ha derivado en bloqueos en la ruta 9, donde los manifestantes exigen la transferencia de fondos del Gobierno Regional a la Alcaldía de Yacuiba, específicamente para los sectores de salud y educación.
La situación ha escalado a un nivel de tensión considerable, con Abrego denunciando un intento de ataque en su contra, lo que sugiere que las manifestaciones han dejado de ser pacíficas. Relató un incidente reciente en el que un grupo intentó dañar su propiedad en Villa El Carmen, lo que atribuyó a una campaña de desinformación que ha generado confusión sobre las responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno.
El ejecutivo también se refirió a la complejidad del contexto actual, señalando que las demandas de la población, que alguna vez fueron de carácter reivindicativo, han evolucionado hacia actos de vandalismo. Abrego enfatizó la necesidad de un diálogo con el alcalde de Yacuiba, Carlos Brú, para aclarar las competencias y responsabilidades de cada nivel de gobierno.
La reducción de ingresos ha sido drástica, con un descenso cercano al 50% en el presupuesto del Gobierno Regional, lo que ha limitado su capacidad para apoyar a los municipios. Abrego recordó que, en años pasados, los ingresos provenientes de la producción de gas permitieron una mayor colaboración financiera con los gobiernos locales, pero la situación actual ha cambiado drásticamente.
El alcalde de Yacuiba ha solicitado la transferencia de recursos, a pesar de que la normativa vigente desde 2010 establece que no deberían realizarse tales transferencias a los gobiernos municipales. Abrego hizo referencia a la Ley 017 de Transición y a la Ley 3038, que regulan la administración de recursos por parte de los ejecutivos de desarrollo y su fiscalización.
El funcionario también mencionó que, a pesar de las dificultades, la lucha de la comunidad por mejoras en la educación y la salud, como el acceso a desayunos escolares y transporte para estudiantes, es justa. Sin embargo, recalcó que la planificación de inversiones en estos ámbitos debería ser responsabilidad de los municipios, que cuentan con competencias específicas en estas áreas.
Desde la implementación de la Ley 3038, los municipios del Chaco han recibido significativos fondos, alcanzando casi mil quinientos millones de bolivianos desde 2010. La situación actual plantea un desafío considerable para la autonomía regional y la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la población
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