El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, ha dado un paso significativo en la búsqueda de una mayor equidad y dinamismo en el sistema
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, ha dado un paso significativo en la búsqueda de una mayor equidad y dinamismo en el sistema tributario con la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Este paquete legislativo, anunciado por el ministro Gabriel Espinoza durante el Congreso Empresarial 2026 en Cochabamba, está diseñado para ofrecer un alivio tributario que facilite la formalización y regularización de los contribuyentes, especialmente aquellos que enfrentan dificultades por deudas antiguas o cargas impositivas complejas.
El proyecto contiene cinco medidas específicas que pretenden transformar el actual sistema impositivo en uno más coherente y adaptado a las realidades económicas del país. Espinoza destacó que estas reformas no solo buscan simplificar los procesos para los contribuyentes, sino también fomentar una economía formal y sostenible donde el Estado juegue un rol facilitador y aliado del desarrollo económico, dejando atrás una visión punitiva o restrictiva.
Una de las iniciativas más relevantes es la condonación total de las deudas tributarias acumuladas hasta finales de 2017. Esta medida abarca no solo el capital adeudado, sino también los intereses y multas asociados, siempre que las deudas sean inferiores a 10 millones de bolivianos. El ministro explicó que esta disposición apunta a reintegrar al sistema formal a pequeños contribuyentes que, debido a obligaciones fiscales pendientes desde hace más de una década, han visto sus bienes inmovilizados o sus cuentas congeladas, impidiéndoles operar con normalidad. Al eliminar estas barreras, se espera reactivar sectores económicos que actualmente están fuera del circuito tributario.
Para las obligaciones fiscales generadas desde 2018 en adelante, el proyecto propone un enfoque diferente pero igualmente favorable: la eliminación de multas e intereses y la implementación de un plan de pagos extensible hasta 24 meses. Esta medida permitirá a los contribuyentes regularizar su situación financiera con el fisco en un plazo máximo de 120 días a partir de la aprobación de la ley. Además, se ofrecerá flexibilidad para cumplir con estos compromisos mediante pagos en efectivo o cuotas, facilitando así la reincorporación al sistema formal sin generar cargas adicionales.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se plantea una reforma significativa que busca simplificar su aplicación y reducir su tasa efectiva del actual 14.94% al 13%. Este ajuste implica eliminar el IVA directo en factura para facilitar su manejo por parte de los contribuyentes. La simplificación no solo reducirá la complejidad administrativa sino que también disminuirá las posibilidades de errores contables y las consecuentes fiscalizaciones o sanciones por parte del Estado. Esta medida representa un avance hacia una gestión tributaria más ágil y menos conflictiva.
Otra propuesta destacada es la creación del régimen tributario especial denominado SIETE. Este régimen está orientado a favorecer la formalización dentro de sectores productivos clave como la gastronomía, construcción y servicios. Bajo esta modalidad, se consolidarán tres impuestos —el IVA, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transferencias (IT)— en un único tributo bimensual equivalente al 5% sobre ingresos brutos para aquellos contribuyentes cuyas ventas anuales no superen los 400 mil bolivianos. Esta consolidación pretende reducir cargas administrativas y fomentar una mayor adhesión voluntaria al sistema tributario formal.
Los beneficiarios del régimen SIETE podrán emitir facturas sin generar obligaciones fiscales adicionales inmediatas, lo cual facilitará su integración formal sin incrementar sus costos operativos ni su carga impositiva inicial. La adscripción a este régimen será voluntaria, lo que permitirá a los pequeños empresarios evaluar sus beneficios antes de comprometerse plenamente con esta modalidad.
En conjunto, estas medidas reflejan una apuesta clara por transformar el sistema tributario hacia uno más inclusivo y adaptado a las necesidades reales del sector productivo nacional. La iniciativa busca rescatar a contribuyentes en situación irregular o con dificultades financieras históricas, promover la formalización empresarial en sectores dinámicos y simplificar procedimientos para evitar conflictos entre ciudadanos y autoridades fiscales.
El Ejecutivo espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional actúe con celeridad para aprobar estas reformas antes posibles obstáculos burocráticos puedan afectar su implementación inmediata. De concretarse estas medidas tal como fueron anunciadas, se anticipa un impacto positivo tanto para pequeños y medianos empresarios como para la economía general del país al incentivar una mayor recaudación sostenible basada en un sistema tributario justo y eficiente. La propuesta también podría marcar un precedente importante sobre cómo equilibrar el rol fiscal del Estado con las necesidades reales del sector privado en contextos económicos cambiantes
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