El Gobierno de Rodrigo Paz ha dado un paso significativo en la regulación de la permanencia de exautoridades públicas en el país al promulgar la Ley 1
El Gobierno de Rodrigo Paz ha dado un paso significativo en la regulación de la permanencia de exautoridades públicas en el país al promulgar la Ley 1709, que modifica la anterior Ley 1352. Esta nueva normativa amplía el periodo obligatorio de permanencia dentro del territorio nacional para exfuncionarios que han dejado sus cargos, extendiéndolo de tres a seis meses. La promulgación de esta ley se produjo justo al cumplirse el plazo máximo establecido por la legislación previa, marcando un cambio importante en las disposiciones legales que regulan la transición y salida de mandatos en diferentes niveles del Estado.
La Ley 1709 establece claramente que quienes hayan cesado en sus funciones o hayan sido destituidos deben permanecer seis meses en el país. Este requisito aplica a una amplia gama de cargos públicos, incluyendo al presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas tanto nacionales como departamentales, concejales y a las autoridades máximas de empresas públicas, mixtas o privadas que manejan recursos estatales. La extensión del periodo busca fortalecer los mecanismos de control y transparencia durante la transición entre autoridades salientes y entrantes.
El fundamento principal detrás de esta obligación es garantizar que las exautoridades puedan rendir informes detallados y completos a sus sucesores. Esto está orientado a preservar la transparencia en la gestión pública y proteger los intereses del Estado, evitando posibles vacíos informativos o irregularidades que puedan surgir tras el cambio de mando. Con esta medida se busca asegurar una continuidad administrativa ordenada y responsable, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento institucional y la confianza ciudadana.
La iniciativa legislativa fue aprobada recientemente por el pleno de la Cámara de Senadores y remitida al Ejecutivo para su promulgación oficial. Su origen se remonta a una propuesta impulsada por la diputada Claudia Bilbao del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien presentó esta modificación con el propósito de actualizar y fortalecer la Ley 1352 vigente desde octubre de 2020. La modificación responde a un contexto político donde resulta crucial reforzar los mecanismos legales que regulan el ejercicio y cese en funciones públicas.
Este cambio normativo tiene un impacto significativo para todos los niveles del aparato estatal y para las entidades territoriales autónomas, ya que amplía considerablemente el tiempo durante el cual los exmandatarios deben permanecer disponibles en el país para responder ante cualquier requerimiento relacionado con su gestión. Además, contribuye a consolidar un marco legal más robusto frente a eventuales situaciones irregulares o falta de colaboración por parte de quienes dejan sus cargos.
En términos generales, esta decisión refleja una intención gubernamental clara por fortalecer la institucionalidad mediante normas que promueven mayor responsabilidad y rendición de cuentas entre las autoridades públicas. La ampliación del plazo obligatorio también puede interpretarse como una medida preventiva frente a posibles conflictos o incertidumbres administrativas derivadas del relevo en los distintos niveles de gobierno.
Este hecho cobra especial relevancia dentro del escenario político actual, donde se busca mantener estabilidad y transparencia en la administración pública tras varios años marcados por cambios significativos. En este sentido, la promulgación de la Ley 1709 puede considerarse parte integral del esfuerzo gubernamental por mejorar los mecanismos legales que regulan las transiciones políticas y administrativas dentro del país
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