Gobierno posterga nombramiento del Contralor General por acción judicial estratégica

La reciente convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyo propósito era la elección del Contralor General del Estado, concluyó de manera precipitada. El proceso fue paralizado casi en su inicio debido a una intervención judicial, resultado de una acción de amparo constitucional interpuesta por uno de los aspirantes, Jaime Prudencio, que llevó a una sala constitucional de La Paz a dictar medidas cautelares sobre el procedimiento.

Ante esta coyuntura, una legisladora, invocando el artículo 101 del reglamento general de la Cámara de Diputados, presentó una moción para aplazar la consideración de este asunto hasta la siguiente legislatura. Su argumento central se centró en el riesgo inminente para la legalidad del procedimiento, la validez de cualquier nombramiento que pudiera surgir y la institucionalidad del órgano de control, todo ello en el contexto del próximo cierre del actual periodo legislativo.

La sesión, que reunió a ambas cámaras legislativas, tenía como único objetivo reanudar y culminar un proceso de designación que se había iniciado en 2022 y que, a lo largo de tres años, no había logrado concretarse. La propuesta de aplazamiento fue aprobada con una amplia mayoría. La deliberación apenas superó los treinta minutos antes de que la sesión fuera levantada, consolidando la decisión de posponer la elección del Contralor.

La intervención judicial se originó a partir de la impugnación de un ciudadano, Jaime Prudencio, quien alegó una inhabilitación indebida en el proceso de selección. Tras recurrir a la justicia, una sala constitucional de La Paz emitió un fallo a su favor, solicitando una aclaración a la comisión encargada de la selección en 2022. La comisión presentó su respuesta. Sin embargo, la contestación proporcionada no satisfizo las demandas del aspirante, quien insistió en la necesidad de una resolución fundamentada, lo que implicaba que los legisladores debían ofrecer una justificación legal detallada para su inhabilitación.

A pesar de que la comisión había elaborado una nueva resolución fundamentada para el caso, no se procedió a la notificación correspondiente ni al interesado ni a la instancia judicial. Esta omisión condujo a la suspensión efectiva del proceso de designación, trasladando la responsabilidad de su reanudación a los futuros miembros del parlamento