La situación social en torno al Decreto Supremo 5503 experimentó un nuevo aumento de tensión este martes, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) dec
La situación social en torno al Decreto Supremo 5503 experimentó un nuevo aumento de tensión este martes, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) decidió no participar en el diálogo convocado por el Gobierno nacional, cuyo objetivo era alcanzar consensos sobre la implementación de dicha norma. La dirigencia sindical condicionó su eventual participación a la liberación de afiliados detenidos y a la abrogación del decreto, mientras que el Ejecutivo optó por ampliar el espacio de discusión, anunciando encuentros con más de 75 organizaciones sociales y manteniendo abierta la invitación para que la COB se incorpore.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la ausencia de la COB y lamentó que, a pesar de la convocatoria formal y pública, la dirigencia sindical haya optado por no asistir. El encuentro estaba preparado, con la presencia de ministros clave como el de la Presidencia y de Economía. Oviedo señaló que esta situación evidencia claramente la diferencia entre la voluntad de diálogo y la actitud de confrontación.
El llamado para iniciar el diálogo fue realizado inicialmente por el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, pero horas después la dirigencia decidió no acudir a la reunión. No obstante, el Gobierno reiteró que el espacio de diálogo sigue abierto y se activará en cuanto las organizaciones manifiesten su disposición a participar.
La jornada transcurrió en un clima de alta tensión, en medio de rumores sobre una supuesta detención de Argollo, información que fue desmentida por el ministro Oviedo. Además, una requisa policial en un hotel vinculado a la COB, donde se encontró material explosivo, incrementó la conflictividad y generó protestas de sectores afines al dirigente sindical.
Desde la Central Obrera Departamental de La Paz, Félix Nina afirmó que no habrá diálogo mientras aproximadamente una docena de afiliados permanezcan detenidos, denunciando una “represión brutal”. Esta versión fue rechazada por la Policía, que calificó el operativo como rutinario.
En paralelo, el Gobierno continuó con el proceso de socialización del Decreto Supremo 5503, reafirmando su compromiso con un diálogo abierto, transparente y permanente. En una reunión multisectorial participaron más de 40 organizaciones y representaciones sociales a nivel nacional.
Entre los asistentes estuvieron los ministros Óscar Mario Justiniano y Mauricio Zamora, quienes acompañaron la fase de escucha, explicación y registro de propuestas de diversos sectores, incluyendo a Conaljuve y sus delegaciones departamentales, varias Fejuve del país, la Coordinadora Periurbana de El Alto, la Confederación de Gremiales, organizaciones de artesanos, jubilados, profesionales independientes, sectores del transporte pesado, organizaciones sociales y el Comité Cívico de La Paz.
Según el Gobierno, todos estos sectores expresaron su respaldo al proceso de diálogo.
En el ámbito jurídico, el conflicto también se intensificó. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informó que no puede tramitar los recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5503 debido a la falta de quórum. El magistrado Ángel Dávalos explicó que la ley requiere cinco votos de nueve magistrados, pero actualmente el TCP opera con solo cuatro, tras la salida de algunos magistrados autoprorrogados.
Dávalos hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe una ley de funcionamiento transitorio que permita al Tribunal sesionar con cuatro magistrados. Mientras sectores sociales cuestionan la constitucionalidad del decreto, el ministro Espinoza afirmó que la norma se ajusta a la Constitución hasta que el Tribunal Constitucional determine lo contrario




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