El Gobierno dio inicio a un proceso emblemático de erradicación de cultivos excedentarios de coca en el trópico de Cochabamba, que representa un giro
El Gobierno dio inicio a un proceso emblemático de erradicación de cultivos excedentarios de coca en el trópico de Cochabamba, que representa un giro significativo en la política antidrogas tras la salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) del poder. Esta operación, que comenzó en la comunidad Mariposas del municipio de Chimoré, no solo simboliza el primer año de gestión orientada a la racionalización de estos cultivos, sino que también refleja una estrategia renovada con apoyo internacional y un enfoque tecnológico innovador para enfrentar un problema histórico y complejo.
En el operativo inicial, agentes antidrogas, militares y autoridades nacionales erradicaron alrededor de 1.600 metros cuadrados de plantaciones ilegales de coca, situadas fuera del perímetro autorizado por la ley vigente. Esta intervención se inscribe dentro de un programa financiado por la Unión Europea y respaldado técnicamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), lo que otorga al proceso una dimensión internacional y un compromiso con los estándares globales en la lucha contra el narcotráfico.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, destacó que esta acción busca recuperar el equilibrio entre la producción legal destinada al consumo tradicional y aquella ilegal vinculada al narcotráfico. Esta distinción es crucial para preservar las prácticas culturales ancestrales vinculadas a la hoja de coca, mientras se combate su uso ilícito que alimenta economías ilegales y genera violencia. La autoridad subrayó que permitir que persista solo la coca legal es vital para mantener ese equilibrio social y económico.
Un aspecto relevante señalado por Justiniano es el carácter inédito del ingreso activo de autoridades antidrogas al Chapare, región históricamente restringida para instituciones estatales debido a tensiones políticas y sociales durante años anteriores. El 5 de marzo marca así un hito en este contexto, pues representa el inicio formal de una política estatal con presencia efectiva en una zona sensible para Bolivia. Esta apertura puede traducirse en mayor control territorial y eficacia en las futuras intervenciones contra cultivos ilegales.
En cuanto a las herramientas utilizadas, el plan incorpora tecnologías modernas como drones para monitoreo aéreo y sistemas avanzados de trazabilidad que buscan mejorar el seguimiento y control sobre los cultivos autorizados. Estas tecnologías no solo facilitan la identificación precisa de plantaciones excedentarias sino también aportan transparencia al proceso, aspecto fundamental para fortalecer la cooperación internacional y garantizar que los recursos destinados a esta lucha se utilicen eficazmente.
Otro punto fundamental dentro del programa es el anuncio sobre un nuevo estudio que evaluará el consumo legal actual de hoja de coca, análisis que no se actualiza desde 2016. Esta investigación permitirá determinar con mayor precisión cuántas hectáreas son necesarias para cubrir exclusivamente la demanda tradicional, lo cual es clave para definir límites claros en los cultivos autorizados y evitar desviaciones hacia actividades ilícitas.
Actualmente, según la normativa vigente, en el trópico cochabambino están autorizadas hasta 7.700 hectáreas para cultivo legal; sin embargo, estimaciones preliminares indican que podrían estar sembradas cerca de 15.000 hectáreas, casi el doble permitido bajo la regulación establecida por la Ley 906 desde 2009. Este desequilibrio demuestra cómo durante años ha existido un crecimiento descontrolado que favorece tanto a actores legales como ilegales.
A nivel nacional, se calcula que existen hasta 40.000 hectáreas cultivadas con coca, lo cual supera ampliamente los límites establecidos por estudios previos realizados durante gobiernos anteriores. Frente a este panorama, las autoridades gubernamentales han planteado como meta erradicar o racionalizar aproximadamente 10.000 hectáreas durante esta gestión para avanzar hacia un control efectivo.
Cabe destacar que durante el año anterior sólo se erradicaron unas 2.700 hectáreas; una cifra considerada insuficiente ante el aumento progresivo registrado en cultivos excedentarios. Informes recientes elaborados por Unodc revelan que las áreas sembradas superaban las 30.000 hectáreas en 2023, muy por encima del límite máximo permitido fijado alrededor de 22.000 hectáreas según evaluaciones realizadas bajo gobiernos anteriores.
Desde una perspectiva analítica, expertos han resaltado que aproximadamente 6.000 hectáreas serían suficientes para abastecer únicamente las demandas tradicionales relacionadas con usos culturales y medicinales. El resto del cultivo excedente estaría destinado a alimentar cadenas ilícitas vinculadas al narcotráfico y producción de cocaína. Este fenómeno coloca a Bolivia ante un riesgo creciente: consolidarse como un centro logístico clave para carteles internacionales dentro del continente americano, lo cual podría derivar en mayores niveles de violencia e inseguridad.
El lanzamiento del operativo no estuvo exento de tensiones sociales; organizaciones cocaleras instalaron vigilias a lo largo de la carretera interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz como medida preventiva ante rumores sobre supuestos planes gubernamentales para detener dirigentes regionales vinculados al sector cocalero. Cerca de 20.000 productores movilizados expresaron preocupación por posibles represalias políticas derivadas del proceso.
Las vigilias se desplegaron en más de veinte puntos estratégicos desde Locotal hasta Bulo Bulo; sin embargo, los dirigentes aseguraron mantener una postura pacífica sin interrumpir el tránsito vial ni generar confrontaciones directas con las fuerzas estatales presentes en la zona.
A pesar del clima inicial marcado por desconfianza mutua entre productores e instituciones gubernamentales, finalmente se alcanzó un acuerdo entre ambas partes para continuar con las labores encaminadas a racionalizar los cultivos excedentarios sin mayores conflictos sociales inmediatos.
El viceministro Justiniano enfatizó este entendimiento conjunto durante una entrevista televisiva reciente donde reiteró que tanto Gobierno como federaciones cocaleras coinciden en combatir firmemente el narcotráfico evitando permitir cultivos ilegales destinados a producir sustancias ilícitas.
Este nuevo ciclo iniciado busca establecer un control estatal más riguroso sobre los cocales ilegales mediante acciones coordinadas con organizaciones locales e internacionales; asimismo pretende generar condiciones favorables para preservar usos tradicionales legítimos mientras se reduce progresivamente la incidencia del narcotráfico asociado a estas plantaciones excedentarias.
En suma, esta operación representa no solo una estrategia técnica sino también política orientada hacia una gestión equilibrada y sostenible del cultivo ancestral más emblemático del país: buscando armonizar desarrollo local con seguridad nacional frente a desafíos contemporáneos complejos ligados al tráfico ilícito internacional
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