El Decreto Supremo 5509 marca un hito en la apertura del mercado boliviano al internet satelital, permitiendo la entrada de compañías internacionales
El Decreto Supremo 5509 marca un hito en la apertura del mercado boliviano al internet satelital, permitiendo la entrada de compañías internacionales como Starlink, OneWeb y Amazon Leo. Esta iniciativa busca ampliar la conectividad en todo el territorio nacional, tanto en áreas urbanas como rurales, a través de tecnologías satelitales de última generación. No obstante, expertos advierten que, a pesar de las ventajas en cobertura y velocidad, los costos asociados podrían limitar el acceso para la mayoría de los hogares, y persisten importantes vacíos en la regulación, especialmente en aspectos relacionados con la supervisión, el manejo de datos y la protección de la privacidad de los usuarios.
El presidente Rodrigo Paz destacó que esta normativa representa un paso fundamental para reducir la brecha digital y garantizar un acceso universal a internet, sin importar la ubicación geográfica o condición social de los ciudadanos. La medida abre el mercado a operadores globales, lo que, según el mandatario, permitirá ofrecer un servicio de internet más accesible, funcional y permanente.
Sin embargo, especialistas en el área señalan que el acceso equitativo no está garantizado. La investigadora Eliana Quiroz, de la Fundación Internet Bolivia, explicó que los satélites de órbita baja, como los utilizados por Starlink, pueden llegar a zonas remotas donde la fibra óptica aún no tiene cobertura eficiente. Pero advirtió que el costo del servicio es elevado y puede representar un obstáculo significativo para la mayoría de los usuarios, especialmente en comunidades rurales. Los precios mensuales podrían oscilar entre 250 y 400 dólares, sin contar el pago inicial por el módem.
Según Quiroz, el impacto positivo de esta tecnología podría manifestarse primero en instituciones públicas como municipios, escuelas y centros de salud, siempre que cuenten con apoyo estatal para financiar estos servicios. Por su parte, Hugo Miranda, oficial de Economía Digital de la misma fundación, señaló que muchas familias rurales encuentran inaccesible el pago mensual, incluso cuando la fibra óptica está disponible en sus localidades. Además, mencionó que la suscripción a servicios como Starlink se realiza en dólares, lo que añade una barrera económica debido a la fluctuación cambiaria y las dificultades para realizar pagos desde zonas alejadas.
En términos de costos, el acceso residencial a Starlink en mercados internacionales ronda entre 110 y 120 dólares mensuales, con un equipo inicial cuyo precio aproximado es de 599 dólares. Existen planes más económicos, como el “Residential Lite”, que ofrecen velocidades más bajas por alrededor de 50 dólares al mes, mientras que los planes empresariales pueden superar los 250 dólares mensuales. OneWeb, por su parte, se orienta principalmente a clientes corporativos e institucionales, con tarifas que podrían superar los 1000 dólares mensuales, aunque no se han divulgado precios para usuarios residenciales. Amazon Leo aún se encuentra en proceso de implementación y no ha anunciado sus precios oficiales.
En cuanto a la regulación, los expertos coinciden en que el decreto no aborda de manera clara aspectos fundamentales como la protección de datos, el acceso a la información y la supervisión de estos servicios por parte de las autoridades nacionales. Quiroz enfatiza que la infraestructura de internet es crítica y debería estar regulada bajo leyes nacionales, pero las empresas satelitales operan bajo normativas de sus países de origen, lo que genera incertidumbre sobre la protección de la información de los usuarios bolivianos.
Miranda añade que la fiscalización dependerá de futuras reglamentaciones que emitirá la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), las cuales deberán establecer mecanismos para supervisar a estas compañías extranjeras y garantizar el cumplimiento de las normas nacionales. También señala que, en ausencia de una ley específica de protección de datos, existe preocupación sobre la soberanía de la información, dado que gran parte de los datos podría quedar en manos de empresas internacionales, lo que plantea desafíos para la aplicación efectiva de la normativa estatal.
En resumen, aunque la apertura al internet satelital representa un avance significativo para la conectividad en Bolivia, la implementación exitosa de esta tecnología requerirá abordar los costos elevados para los usuarios, así como definir claramente el marco regulatorio que proteja los derechos de los ciudadanos y asegure una supervisión efectiva de los nuevos operadores




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