Gobierno impulsa diversificación energética aprovechando potencial regional en Bolivia

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, ha detallado en una reciente entrevista los avances y objetivos de la política nacional orientada a la diversificación energética. Este enfoque busca transformar la matriz energética del país, promoviendo una mayor integración de fuentes renovables y alternativas que permitan no solo optimizar el consumo sino también generar beneficios económicos para los usuarios.

Un aspecto central de esta estrategia es el Decreto Supremo 5549, que establece un marco regulatorio para que los usuarios que generen su propia electricidad, por ejemplo a través de paneles solares instalados en viviendas o negocios, puedan inyectar el excedente al sistema eléctrico nacional. Este mecanismo implica que la energía sobrante no se pierde, sino que se vende a las distribuidoras eléctricas, lo que representa un incentivo económico directo para quienes apuesten por la generación distribuida. Este modelo ya ha sido implementado con éxito en otros países como Colombia y en diversas regiones europeas, donde las energías renovables, especialmente la solar, han ganado terreno como alternativas limpias y sostenibles.

La implementación de este sistema requiere que los usuarios instalen equipos adecuados para generar energía propia. En ese sentido, el Ministerio de Hidrocarburos trabaja en la reglamentación específica que definirá los requisitos técnicos y administrativos para acceder a este beneficio; dicha normativa se espera sea publicada en las próximas semanas. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio que incluye la elaboración de dos documentos clave: la perspectiva energética y la taxonomía verde en energía. Estos documentos definen qué tipo de energía puede considerarse verde dentro del marco legal vigente y orientan las políticas futuras hacia un desarrollo sostenible.

Además, el ministro Medinaceli destacó que se está trabajando en una “futura Ley Verde”, destinada a captar recursos financieros para apoyar esta transición energética. Esta ley será acompañada por decretos complementarios que fortalecerán el marco normativo necesario para consolidar estas transformaciones estructurales en el sector energético.

En cuanto a la preparación regional para adoptar estas nuevas tecnologías y modelos energéticos, se destaca que todos los departamentos del país tienen potencial para incorporarse al proceso, aunque con enfoques adaptados a sus características geográficas y recursos naturales disponibles. Por ejemplo, el Altiplano presenta condiciones favorables para la generación solar debido a su alta radiación solar; mientras que regiones como Beni, Pando y Santa Cruz cuentan con posibilidades tanto para energía solar como para aprovechar recursos como biomasa y biocombustibles. Tarija mantiene una gran relevancia por su potencial gasífero tradicional, mientras que Cochabamba puede desarrollar proyectos hidroeléctricos dada su geografía. Esta diversidad territorial permite diseñar estrategias específicas para cada región, maximizando así el aprovechamiento de fuentes renovables.

El proceso inicial apuntará al sector privado como primer actor involucrado en esta transición hacia una matriz energética más diversificada. Posteriormente se espera ampliar el acceso a negocios medianos y pequeños e incluso a hogares particulares. Paralelamente a esta expansión del acceso a generación distribuida, se fomentará la eficiencia energética con el fin de reducir tanto el consumo como los costos asociados al uso eléctrico. Esto incluye planes específicos orientados a mejorar la eficiencia en viviendas particulares mediante tecnologías y prácticas más sostenibles.

En síntesis, Bolivia se encuentra en una etapa preparatoria pero avanzada hacia un cambio significativo en su política energética. La combinación entre nuevas regulaciones como el Decreto Supremo 5549, la futura Ley Verde y los documentos estratégicos elaborados por el Ministerio apuntan a consolidar un modelo energético más diversificado y sostenible. La posibilidad de que los usuarios puedan generar su propia energía y comercializar los excedentes representa un paso importante hacia una mayor participación ciudadana en el sector eléctrico y abre oportunidades económicas vinculadas al desarrollo tecnológico e innovación ambiental. Además, al considerar las particularidades regionales dentro del diseño e implementación de estas políticas, se garantiza un enfoque inclusivo capaz de adaptarse a las diferentes realidades del país