El Gobierno boliviano anunció la eliminación del subsidio a los carburantes y estableció nuevos precios para los hidrocarburos, una medida que busca e
El Gobierno boliviano anunció la eliminación del subsidio a los carburantes y estableció nuevos precios para los hidrocarburos, una medida que busca enfrentar la grave crisis económica que atraviesa el país. El presidente Rodrigo Paz calificó este momento como uno de los más complejos desde la restauración democrática, señalando que la nación recibió una situación crítica en términos económicos, financieros, sociales y ambientales.
Durante su discurso, el mandatario reconoció la difícil realidad que enfrenta Bolivia, mencionando la falta de reservas, la inflación creciente, la escasez de combustibles y un Estado debilitado. En este contexto, justificó la supresión del subsidio como una acción necesaria para detener el deterioro fiscal y asegurar el suministro energético.
El decreto promulgado declara una emergencia económica, financiera, energética y social, lo que permite al Ejecutivo actuar con mayor rapidez y coordinación. En este marco, se establecieron precios claros y públicos para los combustibles, que permanecerán fijos durante seis meses antes de pasar a un sistema de precios variables. Los nuevos valores fijados son: Gasolina Especial a Bs 6,96 por litro, Diésel Oíl a Bs 9,80, Gasolina Premium a Bs 11,00, Gasolina de Aviación a Bs 10,57, Kerosén a Bs 5,64, Jet Fuel a Bs 10,74, Gas Oíl a Bs 5,69 y GLP a Bs 22,50 por garrafa.
Para garantizar el abastecimiento, el Gobierno eliminó el control sobre el diésel, facilitando su importación para sectores clave como el transporte, la producción y la industria. El presidente enfatizó que esta medida no implica un abandono, sino que busca implementar un sistema de orden, justicia y transparencia, señalando que los subsidios anteriores ocultaron un saqueo que condujo a la escasez y al descontrol fiscal.
El Ejecutivo también anunció que los recursos adicionales generados por la estabilización de precios se repartirán equitativamente entre el gobierno central y las administraciones subnacionales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional y aumentar la inversión en áreas esenciales como salud y educación.
En cuanto a las medidas sociales, el Gobierno incluyó un paquete de protección para mitigar el impacto del ajuste. Entre ellas destaca el aumento del salario mínimo nacional a Bs 3.300 a partir de enero de 2026, un incremento del 20%. Asimismo, se incrementará la Renta Dignidad a Bs 500, se implementará un Programa Extraordinario de Protección y Equidad que otorgará Bs 200 cada cuatro meses a padres, madres y tutores sin aportes contributivos, y se confirmó el Bono Juancito Pinto 2026 de Bs 300 por estudiante.
El presidente anticipó críticas, pero sostuvo que el país necesita enfrentar la realidad con valentía y trabajo, dejando atrás un modelo marcado por la mentira, el despilfarro y la corrupción. Aseguró que, aunque Bolivia ha tocado fondo, el único camino posible es la recuperación.
Las reacciones ante estas medidas fueron diversas. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz respaldó el ajuste en los precios de los combustibles como parte de la estabilización económica, aunque cuestionó el aumento unilateral del salario mínimo, destacando la falta de diálogo tripartito y advirtiendo sobre posibles tensiones en el empleo formal. Asimismo, un economista señaló que si bien las medidas eran necesarias, su implementación abrupta durante la temporada navideña generó rechazo social y puso en evidencia la ausencia de un respaldo financiero sólido para garantizar la importación de combustibles.
Por otro lado, la Central Obrera Boliviana manifestó su rechazo a la eliminación del subsidio, calificándola como un golpe al pueblo en un momento delicado. Anunciaron la convocatoria a asambleas y un ampliado nacional de emergencia para analizar las acciones a seguir. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros señaló que el ajuste afecta negativamente el costo de vida y la canasta familiar, y criticó la decisión del Gobierno por considerarla impuesta y no resultado de un proceso gradual acordado
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