La reciente decisión de Estados Unidos de descertificar los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico ha generado una enérgica respuesta
La reciente decisión de Estados Unidos de descertificar los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico ha generado una enérgica respuesta por parte del gobierno boliviano. Las autoridades en La Paz han calificado la acción estadounidense como unilateral y políticamente sesgada, enfatizando que el combate global a las drogas es una responsabilidad compartida, especialmente considerando el papel prominente de Estados Unidos como centro de consumo.
Funcionarios gubernamentales han señalado que esta es la decimoctava ocasión en que Washington emite un pronunciamiento de esta índole desde la salida de la Administración para el Control de Drogas (DEA) del territorio boliviano. Argumentan que Estados Unidos carece de la autoridad internacional reconocida para evaluar las políticas antidrogas de otras naciones, afirmando que la instancia competente para tales valoraciones es la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esta reiterada evaluación unilateral es considerada sin valor técnico para el Estado Plurinacional de Bolivia y para otros países soberanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, había previamente retirado a Bolivia, junto con Colombia, Afganistán, Venezuela y Birmania, de la lista de países que combaten el narcotráfico, alegando un incumplimiento manifiesto de sus obligaciones bajo acuerdos internacionales en el último año. Aunque el comunicado estadounidense reconoció ciertos pasos positivos del gobierno boliviano, como el aumento en las incautaciones de cocaína y la colaboración con las fuerzas del orden de Estados Unidos para llevar ante la justicia a narcotraficantes, incluyendo a un exjefe antidrogas, también indicó que Bolivia aún tiene un camino considerable por recorrer para cumplir sus compromisos y evitar ser un refugio para el desarrollo de grupos de narcotraficantes.
Sin embargo, las autoridades bolivianas han puntualizado que el comunicado estadounidense no especificó cuáles fueron los acuerdos internacionales que Bolivia supuestamente infringió. Asimismo, destacaron la ausencia de datos que sustenten la cantidad de droga que presuntamente transita por el país, ni ofreció criterios técnicos para medir la calidad de la lucha contra el narcotráfico.
Desde el Ministerio de Gobierno se emitió una declaración adicional, expresando que resulta inusual, en el contexto actual, que un país continúe asumiendo un rol de juez unilateral en la lucha contra el narcotráfico y se arrogue el derecho de calificar a otros, cuando el propio Estados Unidos es uno de los principales focos de consumo, tráfico de drogas ilegales y de armas que sustentan estas actividades criminales.
A pesar de lo que los funcionarios describen como un sesgo político en el informe estadounidense, resaltaron su reconocimiento implícito de los avances de Bolivia, particularmente el incremento en las incautaciones y la persecución de narcotraficantes. El gobierno boliviano sostiene que ha demostrado su compromiso con una lucha frontal y transparente contra el narcotráfico a través de resultados concretos.
Analistas políticos, como Iván Rada, observan una constante en la descertificación durante la actual gestión, sugiriendo que la administración no ha logrado la aprobación en esta materia en ningún año. Rada argumenta que, en lugar de implementar recomendaciones internacionales, ha habido una tendencia a responsabilizar o descalificar a Estados Unidos. Este periodo, según su análisis, ha coincidido con la creciente preocupación por la presencia de cárteles y mafias organizadas en Bolivia, lo que podría haber dejado al país vulnerable al negocio del narcotráfico. Rada sostiene que el próximo gobierno enfrentará el desafío de restaurar la seguridad y la imagen internacional del país en la lucha contra las drogas, señalando que anteriores administraciones podrían no haber priorizado la resolución de fricciones diplomáticas con Washington, dada una bonanza económica.
En la misma línea, especialistas en seguridad, como el coronel retirado del Ejército Jorge Santistevan, interpretan la descertificación como una advertencia sobre una posible complicidad entre autoridades y el narcotráfico. Santistevan hace referencia a otros informes que, según él, confirman que el territorio boliviano sirve de refugio para líderes de cárteles de droga
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