La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2026, que fue heredado por la actual administrac
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2026, que fue heredado por la actual administración, incorporando una cláusula que otorga al Gobierno un plazo máximo de 90 días para realizar ajustes en los recursos y gastos. Esta medida busca adecuar el presupuesto a las nuevas condiciones macroeconómicas y reducir el déficit fiscal en un 30%.
Según la disposición aprobada, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene la facultad de modificar los recursos y gastos del PGE 2026, en función de las variables económicas actuales, las políticas nacionales vigentes y el objetivo de disminuir el déficit fiscal en comparación con el presupuesto ejecutado en 2025. Los ajustes deberán ser presentados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del plazo establecido.
A pesar de enfrentar un escenario económico complicado, caracterizado por una inflación acumulada del 19,22% hasta octubre y una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,4% en el primer semestre, el presupuesto consolidado para 2026 fue planteado con un monto de Bs 298.332 millones, superando ligeramente los Bs 296.565 millones proyectados para el presente año.
El debate en la Cámara Baja se extendió por más de cinco horas y experimentó varias postergaciones antes de llegar a la aprobación final. Durante la sesión, el ministro de Economía expuso las deficiencias estructurales del presupuesto heredado, señalando que las variables macroeconómicas utilizadas estaban desactualizadas y que tanto los ingresos como los gastos estaban sobreestimados. También destacó que el déficit fiscal previsto resultaba insuficiente y poco coherente con la realidad económica.
En el detalle, el PGE 2026 contemplaba un crecimiento del PIB de apenas 0,9%, una inflación estimada del 10,1% y un déficit fiscal del 10,28%. El ministro subrayó que estas distorsiones ya habían causado problemas en los años anteriores, especialmente para gobiernos locales que recibieron recursos inferiores a los presupuestados debido a la caída en los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El presupuesto aprobado mantiene la autorización para operaciones de deuda pública hasta un límite de 3.500 millones de dólares, incluyendo financiamiento interno y créditos del Banco Central de Bolivia destinados al Tesoro General de la Nación. Sin embargo, se advirtió que la elevada dependencia del financiamiento interno representa un riesgo macroeconómico, ya que podría generar presiones inflacionarias y agravar el desequilibrio fiscal
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