La reciente crisis provocada por la presencia de ‘carbonilla’ en los motores de vehículos ha desencadenado una serie de protestas y bloqueos en distin
La reciente crisis provocada por la presencia de ‘carbonilla’ en los motores de vehículos ha desencadenado una serie de protestas y bloqueos en distintas regiones, evidenciando la preocupación creciente sobre la calidad del combustible que se comercializa en el mercado interno. Esta situación ha generado no solo malestar social, sino también un fuerte reclamo hacia las autoridades responsables de la supervisión y regulación del sector hidrocarburífero.
El problema se ha manifestado principalmente entre los conductores de mototaxis, quienes han denunciado que la gasolina que adquieren desde hace aproximadamente un mes está provocando daños significativos en los motores de sus vehículos. Estos desperfectos técnicos se traducen en gastos considerables para reparaciones, que oscilan entre 200 y 1.000 bolivianos, una suma que para muchos resulta insostenible dada la frecuencia con que deben enfrentar estas averías.
En respuesta a esta situación, el sector mototaxista del municipio de Montero decidió tomar medidas contundentes instalando hasta ocho puntos de bloqueo en la ruta al Norte Integrado. Estos bloqueos se situaron estratégicamente en lugares clave como el desvío de Buena Fe, las dos rotondas norte y sur de Montero, accesos a zonas como Okinawa, Saavedra y la carretera a Portachuelo. Las federaciones 15 de Mayo de Integración del Norte y 3 de Febrero fueron las principales organizadoras de estas acciones.
Durante la jornada de protesta, los manifestantes establecieron un cuarto intermedio temporal para permitir el paso de vehículos varados cerca del aeropuerto Viru Viru; sin embargo, luego retomaron las medidas hasta decidir levantar el bloqueo temporalmente hasta el viernes siguiente, en espera de respuestas concretas a sus demandas centradas en mejorar la calidad del combustible. Inicialmente anunciaron una medida indefinida, pero finalmente optaron por esta pausa estratégica.
La problemática no se limita a Montero. En La Paz, los choferes también expresaron su malestar realizando protestas frente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), exigiendo una solución inmediata y un resarcimiento económico debido al elevado costo que enfrentan para reparar sus vehículos afectados por esta gasolina defectuosa. Algunos transportistas reportan gastos cercanos a los 12.000 bolivianos por unidad.
En Oruro, la tensión creció al punto que transportistas intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones de la ANH. Ante esta situación crítica, funcionarios recurrieron incluso a métodos poco convencionales para dispersar a los manifestantes. Posteriormente se abrió un canal de diálogo entre sindicatos y autoridades con el fin de buscar soluciones conjuntas.
Desde el ámbito sindical, dirigentes como Jorge Gutiérrez han señalado que uno de los factores subyacentes al problema es el monopolio ejercido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo cual limita la competencia y podría afectar negativamente tanto la calidad como el precio del combustible. Por ello, han pedido facilitar la importación privada para garantizar productos más confiables y precios más competitivos para los usuarios finales.
En paralelo a las protestas sociales, desde el sector legislativo se ha impulsado una investigación formal sobre este asunto. El diputado Édgar Zegarra anunció una petición de informe oral dirigida al ministro de Hidrocarburos y Energías con el objetivo de esclarecer varios aspectos: calidad del combustible importado, procedimientos de control desde su ingreso al país y mecanismos para detectar alteraciones antes o durante su distribución en estaciones de servicio. Se prevé invitar también a representantes sindicales para que expongan directamente sus experiencias y denuncias ante la Asamblea Legislativa.
El descontento ha llegado incluso a solicitar renuncias en altos cargos relacionados con el control del sector hidrocarburos. Edson Valdés, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes paceños, sostuvo que tanto la directora ejecutiva de la ANH como el presidente ejecutivo de YPFB deberían dejar sus cargos debido a los perjuicios económicos ocasionados por esta situación.
Por su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha reconocido irregularidades detectadas en tanques donde se almacenaba combustible residual que afectó negativamente la calidad del carburante distribuido recientemente. En respuesta a esto, su presidente Yussef Akly anunció medidas para reducir al mínimo permitido la mezcla entre gasolina y etanol mientras se realizan trabajos técnicos destinados a limpiar adecuadamente estos tanques y garantizar así un suministro acorde con las normativas vigentes.
Actualmente, la legislación boliviana permite una mezcla máxima del 12% entre gasolina especial y etanol. Sin embargo, YPFB busca disminuir esta proporción temporalmente hasta estabilizar las condiciones técnicas necesarias para asegurar un producto limpio y confiable para todos los usuarios del transporte terrestre.
Esta crisis pone sobre relieve no solo un problema puntual relacionado con un lote específico de combustible sino también desafíos estructurales vinculados al control estatal del mercado energético nacional. La afectación directa sobre quienes dependen diariamente del transporte público o privado subraya la importancia vital que tiene mantener estándares rigurosos en materia energética para evitar repercusiones económicas considerables sobre sectores vulnerables o medianamente acomodados.
En suma, las movilizaciones sociales evidencian una demanda urgente por transparencia y responsabilidad institucional frente al suministro energético nacional. La expectativa ahora está puesta en las respuestas oficiales tanto desde el Ejecutivo como desde entidades reguladoras para mitigar daños inmediatos e implementar mecanismos preventivos sólidos que eviten futuras crisis similares. Todo ello resulta crucial para preservar no solo el buen funcionamiento técnico del parque automotor sino también garantizar estabilidad social ante problemas derivados directamente del abastecimiento energético estratégico para el país
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