El Gobierno de Bolivia, bajo la administración de Rodrigo Paz, ha dado un paso significativo en la política económica y comercial del país al aprobar
El Gobierno de Bolivia, bajo la administración de Rodrigo Paz, ha dado un paso significativo en la política económica y comercial del país al aprobar el Decreto Supremo 5547, que establece el arancel cero para la importación de soya. Esta medida, publicada oficialmente en la Gaceta Oficial el 18 de febrero, entró en vigencia desde el día hábil siguiente a su publicación, marcando un cambio inmediato en la regulación arancelaria para este producto agrícola.
El decreto señala explícitamente que se modifica el gravamen arancelario a cero por ciento para la importación del grano de soya, específicamente para la subpartida arancelaria 1201.90.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones 2026. Esta disposición estará vigente hasta finales de diciembre de 2026, lo que implica un horizonte temporal claro para esta política arancelaria que busca facilitar y promover la importación de soya en el país durante los próximos años.
La responsabilidad de ejecutar y garantizar el cumplimiento de esta normativa recae en los ministros encargados de las carteras económicas y productivas, concretamente en los Despachos de Economía y Finanzas Públicas y Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Este enfoque interministerial sugiere un interés estratégico por parte del Gobierno en coordinar esfuerzos para implementar efectivamente esta política dentro del marco general de desarrollo productivo y comercial.
Este decreto forma parte de un conjunto más amplio de medidas adoptadas recientemente por las autoridades bolivianas relacionadas con la producción y comercialización de la soya. A comienzos del año, se liberó una cantidad significativa —880.000 toneladas— de grano de soya para exportación mediante la simplificación administrativa que elimina trámites individuales para cada exportador. Esta acción busca dinamizar el comercio exterior del producto, facilitando así su salida al mercado internacional con menos barreras burocráticas.
No obstante, pese a estas medidas gubernamentales que promueven tanto la importación como la exportación del grano, los productores nacionales han manifestado una postura cautelosa. La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), principal representante del sector sojero, ha expresado su expectativa respecto a una normativa más amplia que permita liberar plenamente las exportaciones no solo del grano sino también sus subproductos. La organización ha señalado que esta liberación total es fundamental para fortalecer la competitividad y rentabilidad del sector agrícola.
En línea con esta expectativa sectorial, se emitió un certificado único de abastecimiento interno con vigencia hasta diciembre de 2026. Esta medida busca garantizar un equilibrio entre la oferta doméstica y las demandas internacionales, asegurando que haya suficiente producto destinado al mercado interno mientras se facilita la entrada al comercio exterior.
La implementación del arancel cero en las importaciones puede tener diversas implicaciones económicas para Bolivia. Por un lado, puede contribuir a reducir costos para industrias nacionales que requieren insumos derivados o relacionados con la soya, promoviendo así cadenas productivas vinculadas a este rubro agrícola. Por otro lado, abre una puerta a mayor competencia con productos importados que podrían afectar a los productores locales si no se acompaña con políticas complementarias.
En este contexto, resulta relevante considerar cómo estas decisiones encajan dentro del panorama general de políticas económicas orientadas al desarrollo rural y productivo, así como al posicionamiento estratégico del país en mercados internacionales agroindustriales. La coordinación entre ministerios indica una intención gubernamental clara por manejar estos temas con una visión integral que considere tanto aspectos económicos como sociales vinculados al sector agrícola.
En definitiva, el Decreto Supremo 5547 representa una medida clave dentro del paquete normativo vigente para impulsar tanto la importación como la exportación controlada y planificada del grano soya en Bolivia durante los próximos años. Su impacto dependerá en gran medida del seguimiento efectivo por parte de las autoridades encargadas y del diálogo continuo con los productores nacionales para asegurar que estas políticas contribuyan al desarrollo sostenible y competitivo del sector agroindustrial boliviano
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