El Comando General de la Policía emitió una aclaración respecto a la orden de cierre de las comisarías de Tránsito en el país, tras la disposición del
El Comando General de la Policía emitió una aclaración respecto a la orden de cierre de las comisarías de Tránsito en el país, tras la disposición del nuevo comandante general, Mirko Sokol. El sábado pasado, se dictó la medida de clausurar las Divisiones de Comisaría de Tránsito a nivel nacional, acompañada de un instructivo que prohíbe estrictamente los cobros ilegales y extorsivos.
Según el comunicado oficial, se llevó a cabo una revisión interna del funcionamiento de diversas comisarías en todo el territorio nacional, concluyendo que las comisarías oficiales continúan operando con normalidad, ofreciendo atención y servicio conforme a las normativas vigentes y la estructura institucional establecida. Por otro lado, se procedió al cierre inmediato de aquellas comisarías que funcionaban de manera irregular, sin autorización oficial o que estaban involucradas en prácticas extorsivas, con el objetivo de proteger a la ciudadanía, evitar abusos y garantizar la transparencia en el servicio policial.
Esta acción busca eliminar prácticas fuera del marco regulatorio, mejorar la calidad del servicio y fortalecer los estándares institucionales dentro de la Policía.
La orden de cierre fue emitida a la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, apenas un día después de que se produjera el cambio en el Alto Mando policial. Fuentes internas confirmaron que, tras la implementación de la medida, el personal asignado a las comisarías de Tránsito fue reubicado a la Dirección de Tránsito. El memorándum firmado por el comandante general establece de manera clara el cierre total y ordenado de estas divisiones en todo el país.
Además, se emitió una directiva complementaria para erradicar la corrupción relacionada con la extorsión dentro de la institución. El documento prohíbe categóricamente solicitar, exigir, aceptar o insinuar la entrega de dinero, regalos, beneficios o cualquier tipo de favores, tanto a la ciudadanía como a miembros de la Policía, sin excepción alguna, independientemente del rango o función que desempeñen.
Estas medidas reflejan el compromiso institucional por garantizar un servicio policial transparente, eficiente y libre de prácticas ilícitas que afecten a la población




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