Gobernadores se reúnen en Tarija ante crisis financiera por retenciones del gobierno central

La estabilidad financiera de las administraciones regionales en el país enfrenta una creciente inquietud, lo que ha impulsado la convocatoria de una asamblea nacional de gobernadores en Tarija para este viernes. El Gobernador de Tarija, Oscar Montes, ha manifestado una seria alarma ante la situación fiscal actual, atribuyendo la crisis a una significativa disminución en los ingresos por exportación de gas natural y a la aplicación de lo que describe como retenciones controvertidas por parte del gobierno central.

Los datos recientes revelan una marcada contracción en los fondos provenientes de las exportaciones de gas. Las cifras actuales se sitúan en aproximadamente 20 millones de bolivianos, una cantidad que contrasta drásticamente con los 190 millones registrados en épocas anteriores, como la administración de Lino Condori, o los 90 millones durante el periodo de Adrián Oliva. Esta reducción, cercana al 90% en la última década, ha ejercido una presión considerable sobre las tesorerías departamentales.

Un punto central de la disputa radica en las deducciones financieras. Si bien la legislación financiera vigente permite la asignación de recursos en función de la disponibilidad efectiva, y tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Marco de Autonomías establecen que solo pueden garantizarse los fondos efectivamente recibidos, ciertas interpretaciones judiciales, según se ha señalado, no siempre se alinean con este principio. Se han expresado preocupaciones sobre la aplicación de descuentos a los presupuestos regionales por conceptos que no estaban originalmente contemplados en sus planes financieros, los cuales son luego forzosamente inscritos y debitados.

Entre los ejemplos específicos mencionados, destaca la exigencia del gobierno nacional para que las administraciones departamentales cubran un bono vacuna destinado a empleados del Ministerio de Salud. Las autoridades regionales argumentan que este personal no es de su competencia, estableciendo un paralelismo con situaciones hipotéticas donde otras entidades estatales demandarían bonificaciones sin una justificación legítima. Estas retenciones impugnadas han generado graves dificultades operativas para diversas gobernaciones. Algunas han reportado atrasos de hasta seis meses en el pago de salarios, mientras que otras enfrentan demoras de dos meses. Además, se ha visto comprometida la capacidad para cubrir prediarios y otras obligaciones heredadas del antiguo sistema de prefecturas, que ya no se corresponden con las atribuciones actuales de las gobernaciones según la Ley Marco de Autonomías. Se sostiene que el gobierno central se apoya de manera cuestionable en un artículo de la Ley Financial del año 2005 para ejecutar estos débitos.

La persistencia de estos descuentos forzosos representa una seria amenaza para la provisión de servicios esenciales que son responsabilidad directa de las gobernaciones. De continuar esta tendencia, podría incidir directamente en áreas críticas como la seguridad ciudadana, afectando potencialmente la dotación de equipamiento policial, el mantenimiento de infraestructuras de seguridad y la implementación de programas preventivos, con un impacto directo en el bienestar de la población.

Ante esta coyuntura insostenible, el gobernador Montes subrayó que las gobernaciones están llegando a un punto donde el cumplimiento de estas deducciones comprometerá inevitablemente sus responsabilidades fundamentales, especialmente en lo que respecta a la seguridad pública. Por ello, la inminente reunión nacional de gobernadores en Tarija, que contará con participación presencial y virtual, tiene como objetivo formalizar su postura colectiva ante el gobierno nacional y buscar soluciones conjuntas a la profunda tensión financiera que afecta a las regiones