Gobernación solicita adecuación de casi cien leyes a legisladores mediante cartas individuales

El ejecutivo departamental ha reiterado la grave escasez de recursos financieros que le impide satisfacer ciertas exigencias, entre ellas la equiparación salarial del personal de salud a los niveles remunerativos del Ministerio de Salud. Esta dificultad se agudiza ante la marcada disminución de los ingresos departamentales.

En este contexto, la administración departamental dirigió comunicaciones individualizadas a cada legislador de la Asamblea Departamental, solicitando una adecuación del marco normativo vigente. Se trata de revisar aproximadamente noventa leyes para alinearlas con la actual realidad económica, caracterizada por la caída de los ingresos. Esta petición replica una solicitud similar enviada al inicio de la presente gestión en 2021.

El presidente de la Asamblea, Damián Castillo, confirmó la recepción de estas misivas por parte de todos los asambleístas. Las cartas enfatizan la necesidad de abordar esta problemática y recuerdan la insistencia previa del ejecutivo. Un punto central de la controversia radica en una ley que exige que los funcionarios de salud con ítems departamentales perciban salarios equivalentes a los del Ministerio de Salud, montos considerablemente superiores que la gobernación no puede afrontar con su actual disponibilidad de fondos.

Los profesionales de la salud con ítems departamentales han obtenido fallos legales favorables que exigen el cumplimiento de esta equiparación salarial. Sin embargo, la gobernación argumenta su imposibilidad económica para acatar dichas resoluciones, proponiendo en cambio la adaptación de la legislación a la coyuntura financiera actual.

Castillo informó que los legisladores deberán reunirse en pleno para analizar esta nueva situación y la reiterada solicitud del ejecutivo para ajustar la normativa. Gran parte de la legislación actual fue promulgada durante un periodo de bonanza económica para la región, impulsada por la exportación de gas, una realidad distante de la situación financiera presente. El presidente de la Asamblea insistió en la necesidad de adaptarse a la realidad económica del departamento, si bien la decisión final recaerá en el cuerpo legislativo.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, María Lourdes Vaca Vidaurre, ratificó la solicitud a la Asamblea para modificar ciertas leyes en función de la disponibilidad de recursos. Calificó la situación de muy compleja, señalando que la gobernación ha reducido sus ítems de 629 y subrayando la urgencia de que el gobierno nacional asuma la responsabilidad de estos puestos. Vaca Vidaurre también mencionó la demanda del bono de vacunación para los trabajadores de la salud, otra obligación impuesta por disposiciones nacionales que amenaza con el débito de recursos departamentales si no se cumple.

Es innegable que la disponibilidad de recursos económicos es precaria, lo que exige soluciones urgentes, especialmente en el ámbito de la salud. Esta problemática no es exclusiva de este departamento, sino que se extiende a nivel nacional. La transferencia de competencias sin la asignación de recursos correspondientes, resultado de políticas pasadas, ha generado un desafío estructural que demanda respuestas inmediatas y de fondo por parte de la nueva administración gubernamental