Gobernación de Santa Cruz advierte que sin cambio de leyes se suspende canasta y Prosol

El gobernador Oscar Montes Barzón ha expresado con claridad la crítica situación financiera que atraviesa la administración departamental, advirtiendo que sin una serie de reformas legales y condonaciones de deuda, los recursos serán insuficientes para sostener programas sociales fundamentales. En un contexto donde se han aprobado más de 90 leyes departamentales desde el año 2010, Montes subraya la necesidad imperiosa de modificar estas normativas para evitar un colapso financiero que afectaría directamente a sectores vulnerables como los adultos mayores y las familias campesinas.

La preocupación del gobernador surge en medio de una disputa política con el candidato a gobernador por el Movimiento al Socialismo (MAS), José Yucra Paredes, a quien acusa de desconocer el estado real de las finanzas públicas del departamento. Mientras Yucra promete ampliar significativamente los beneficios sociales —incrementando el número de canastas alimentarias a 12 por adulto mayor al año y elevando el Prosol, un subsidio dirigido a campesinos, hasta los 3 mil bolivianos por familia— Montes advierte que esas promesas no son sostenibles sin un cambio estructural en la administración financiera. Según Montes, la deuda acumulada con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una carga que limita severamente la capacidad presupuestaria y obliga a priorizar estrictamente los gastos.

El gobernador detalló que aunque el presupuesto para 2026 supera los 600 millones de bolivianos, y se han recibido más de 405 millones en efectivo, estos recursos están comprometidos principalmente con gastos específicos, como los del sector salud, cuyos fondos están destinados a cuentas particulares y no pueden ser redirigidos libremente para otros programas sociales. Esta situación evidencia una complejidad administrativa donde los recursos asignados no se traducen en liquidez inmediata para cubrir todas las obligaciones del gobierno departamental.

Montes también enfatizó que su gestión cerrará el año fiscal dejando las finanzas lo más saneadas posible, evitando asumir nuevos compromisos o contratos que correspondan al próximo gobierno. Esta decisión busca facilitar una transición ordenada y evitar que la nueva administración herede problemas financieros adicionales. En este sentido, anunció que no realizará licitaciones ni adjudicará compras pendientes durante las últimas horas de su mandato.

Por su parte, Yucra defendió su postura negando cualquier aplazamiento legislativo respecto a la actualización o anulación de las leyes departamentales vigentes. Rechazó también las críticas sobre su desconocimiento financiero y sostuvo que sus propuestas están fundamentadas en documentos oficiales del presupuesto departamental. Sin embargo, esta diferencia pone en evidencia un profundo debate sobre la gestión pública y la viabilidad económica de las promesas electorales en el contexto actual.

Además del debate económico, Montes fue consultado sobre rumores relacionados con demandas políticas contra otros candidatos locales. Rechazó cualquier vinculación personal con intentos de inhabilitación contra figuras como Víctor Hugo Zamora o Mario Cossío, calificando estas acciones como parte de juegos tramposos dentro del escenario político regional. El gobernador reafirmó su decisión de hacer una pausa en su carrera política tras esta gestión, mostrando un distanciamiento claro frente a las disputas internas y dejando entrever un desgaste político acumulado.

En resumen, las declaraciones del gobernador Oscar Montes ponen en relieve una crisis financiera latente en la administración departamental que podría afectar directamente a programas sociales esenciales si no se adoptan medidas legales y financieras urgentes. Esta situación genera un escenario complejo para las futuras autoridades encargadas del manejo económico y social del departamento, mientras que la confrontación política entre actores locales refleja tensiones propias del proceso electoral y la gestión pública actual. La población involucrada debe observar con atención cómo estas decisiones impactarán en la continuidad y eficacia de los beneficios dirigidos a sectores prioritarios como adultos mayores y campesinos