Gobernación busca desesperadamente setenta millones de bolivianos para finalizar su gestión financiera

La administración regional de Tarija enfrenta un panorama financiero extremadamente delicado, con una necesidad urgente de 70 millones de bolivianos para poder cerrar el actual ejercicio fiscal. Esta situación se agrava por la marcada disminución en la percepción de regalías por hidrocarburos y la inesperada aparición de nuevas obligaciones financieras.

Erick Montaño, secretario de Economía, ha calificado la coyuntura como muy grave, señalando que los 21.8 millones de bolivianos recibidos en octubre, incluso si se replicaran en noviembre y diciembre, serían insuficientes para cubrir el déficit proyectado. Las proyecciones más optimistas anticipan ingresos de alrededor de 20 millones de bolivianos para cada uno de los últimos dos meses del año, lo que sumaría aproximadamente 40 millones, muy lejos de los 70 millones requeridos.

Entre las obligaciones más apremiantes se encuentran los salarios pendientes, la continuidad de programas sociales esenciales y la entrega de la canasta alimentaria ya adjudicada para adultos mayores y personas con discapacidad. Se estima que solo para estos compromisos se necesitan aproximadamente 18 millones de bolivianos antes de fin de año.

A esta compleja ecuación se suman deudas emergentes derivadas de fallos judiciales recientes, que representan un monto superior a los 20 millones de bolivianos. Estas nuevas cargas conllevan la amenaza de débitos automáticos, lo que, según Montaño, dejaría a la gobernación sin fondos para cualquier otra obligación si se concretan los pagos.

El descubrimiento de estas demandas fue una sorpresa reciente para el secretario de Economía, quien se enteró durante una reunión con el gobernador. Ambos funcionarios desconocían la existencia de estos procesos legales hasta hace poco. La magnitud y el origen de estas acciones judiciales aún están siendo evaluados por el área legal de la institución, que busca alternativas para mitigar su impacto.

La gravedad de la situación ha llevado a la suspensión del plan de distribución que se había elaborado para los fondos de octubre. La administración se encuentra en una encrucijada, con el fin de año acercándose y múltiples compromisos que cumplir, mientras los recursos disponibles son escasos y las nuevas deudas amenazan con consumir lo poco que queda. La incertidumbre sobre cómo afrontar estos desafíos domina el ambiente en la gobernación