El Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional (FRFPR), concebido como un pilar fundamental para el desarrollo económico del Chaco tras el periodo
El Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional (FRFPR), concebido como un pilar fundamental para el desarrollo económico del Chaco tras el periodo de prosperidad hidrocarburífera, se encuentra en una coyuntura crítica debido a la elevada morosidad en su cartera de créditos, lo que compromete su viabilidad a largo plazo.
Este mecanismo financiero fue instituido mediante la Ley 3384, promulgada el 3 de mayo de 2006. Su capital inicial provino de una asignación del 10% de los recursos generados por el 45% de las regalías e impuestos a los hidrocarburos de la región del Chaco, con una proyección de financiamiento por diez años. El propósito primordial del Fondo era impulsar y fortalecer los sectores productivo, agropecuario, artesanal y la pequeña y mediana agroindustria e industria a nivel regional. Tras completar los trámites administrativos pertinentes, el FRFPR inició sus operaciones y comenzó a desembolsar los primeros préstamos en el año 2014.
Apenas una década después de su puesta en marcha, la gestión del Fondo ha mostrado serias deficiencias, particularmente durante las dos administraciones más recientes, evidenciadas por un incremento preocupante en la mora.
La situación se tornó alarmante cuando la tasa de morosidad en el municipio de Villa Montes superó el 20% de su cartera de créditos. Esta cifra encendió las alertas de la nueva directiva, que asumió sus funciones el 14 de agosto, y de su equipo técnico. La preocupación se acentuó tras diversas declaraciones sobre la administración interna de estos recursos.
La conformación del directorio del FRFPR incluye a seis miembros: los tres ejecutivos electos de la autonomía regional y los tres alcaldes, con una representación equitativa de dos por Yacuiba, dos por Caraparí y dos por Villa Montes. La presidencia del directorio rota cada dos años. La actual junta, instalada el 14 de agosto, está presidida por el ejecutivo de Desarrollo de Caraparí, Amilcar Pérez, con el ejecutivo regional del Chaco, José Luis Ábrego, como vicepresidente, y el alcalde de Villa Montes, Rubén Vaca, en la secretaría.
El Banco Unión desempeña un rol esencial como administrador financiero y logístico del Fondo. Sus responsabilidades abarcan la recepción y gestión de los fondos fiduciarios, la ejecución de los desembolsos, el cobro de comisiones por sus servicios y la colaboración en el seguimiento, evaluación y recuperación de los créditos. La operación del FRFPR, bajo su estructura actual, sería inviable sin la participación de esta entidad bancaria.
Los registros históricos de morosidad reflejan una trayectoria fluctuante: 32,95% en 2018, 37,29% en 2019, 14,15% en 2021 y 7,92% en 2022. Sin embargo, los datos más recientes del comité de crédito, con corte al 26 de septiembre de 2025, revelan que la morosidad más elevada se concentra en Villa Montes, alcanzando un 21,80%. A nivel de la Región Autónoma del Chaco, la tasa global de mora asciende a 12,34%, acercándose peligrosamente al límite del 15% establecido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Frente a estas cifras, un delegado del Gobierno Regional de Villa Montes calificó los datos como sumamente preocupantes y lamentó que no se hubieran hecho públicos con anterioridad. Se ha indicado que la elevada morosidad en Villa Montes ha resultado en la suspensión de nuevos créditos en esa jurisdicción. Asimismo, se ha criticado la falta de personal con la cualificación necesaria en gestión bancaria y experiencia financiera para la administración del Fondo, señalando que se les ha otorgado esta responsabilidad sin la debida preparación.
En respuesta a estas observaciones, un responsable del Fondo en Villa Montes afirmó que durante una administración anterior, específicamente la de la ejecutiva Karen Sánchez, se concedieron préstamos que calificó como mal colocados. Como ejemplo, se mencionó la aprobación de un crédito de 100.000 bolivianos a un joven de 18 años, cuestionando públicamente la viabilidad de otorgar un préstamo de tal magnitud sin las garantías adecuadas y mostrando documentos donde figuraban firmas, entre ellas la de la entonces ejecutiva. Además, se denunció que en esa misma gestión se habrían otorgado créditos por un monto cercano a 1 millón de bolivianos a más de 25 familiares de un funcionario regional, incluyendo al propio involucrado.
El director ejecutivo del Fondo Rotatorio, por su parte, enfatizó que su gestión se adhiere estrictamente a los lineamientos técnicos y recordó que el artículo 472 de la Ley de Servicios Financieros garantiza la reserva y confidencialidad de las operaciones financieras. Respecto a la capacidad del personal, reconoció que muchos funcionarios carecen de experiencia específica, atribuyendo esta situación a las condiciones salariales, que no permiten exigir el mismo nivel de cualificación que ofrecen las entidades financieras privadas.
Para afrontar la creciente morosidad, se ha informado sobre la aprobación de cuatro medidas estratégicas en una reunión extraordinaria convocada por la presidencia del Fondo. Estas incluyen la contratación de abogados externos para fortalecer los procesos de recuperación de créditos, la modificación del reglamento de cartera para implementar controles más estrictos, la negociación de una octava adenda al contrato con el Banco Unión con el fin de optimizar la administración del fideicomiso, y una evaluación exhaustiva de las capacidades del personal, priorizando la capacitación o, si fuera necesario, la sustitución del equipo en Villa Montes. Se ha sugerido la posibilidad de que el personal técnico de Caraparí brinde apoyo en la capacitación de la unidad de Villa Montes, reconociendo la necesidad de fortalecer la capacidad del equipo local para abordar la alta morosidad. Finalmente, se desvirtuaron las acusaciones de una gestión irresponsable
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