Las autoridades en La Paz han formalizado el inicio de un proceso legal contra Juan Carlos Huarachi, quien fuera un prominente dirigente de la Central
Las autoridades en La Paz han formalizado el inicio de un proceso legal contra Juan Carlos Huarachi, quien fuera un prominente dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB). Los cargos presentados en su contra incluyen el uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito. Esta admisión marca el comienzo oficial de una exhaustiva investigación.
El equipo legal que representa al denunciante ha expresado su compromiso de colaborar plenamente con todas las diligencias investigativas. Los fiscales disponen de un plazo de 20 días para recabar pruebas; si durante este periodo se logran identificar elementos contundentes, se podría solicitar una resolución de imputación formal y una orden de aprehensión contra Huarachi.
La investigación abarca un amplio periodo, desde 2018 hasta 2025, cubriendo la totalidad del mandato de Huarachi al frente de la COB. Un aspecto central de las acusaciones se remonta a 2023, cuando una declaración vinculada al caso de presuntas ‘coimas’ que involucró al exministro Juan Santos Cruz, sugirió que Huarachi habría recibido fondos del propio ministro a cambio de apoyo a su gestión.
Adicionalmente, se le imputa haber manipulado la designación de personal ejecutivo en la Caja Nacional de Salud (CNS), presuntamente a cambio de pagos realizados por individuos interesados en obtener puestos dentro de dicha institución.
En caso de que la investigación revele un incremento desproporcionado en el patrimonio de Huarachi, se procederá legalmente a la anotación preventiva de todos sus bienes. El objetivo de esta medida sería la recuperación de dichos activos en favor del Estado boliviano.
La decisión fiscal abre la puerta a un escrutinio detallado de las finanzas del exdirigente. Durante los ocho años de su gestión en la COB, Huarachi continuó percibiendo un salario como empleado de la empresa minera Huanuni, de propiedad estatal. Su vinculación laboral con una entidad dependiente del gobierno lo situaba, de facto, en la categoría de funcionario público.
Documentos, incluyendo una papeleta de pago atribuida al propio Huarachi, muestran un salario mensual de Bs 15.450 proveniente de la minera Huanuni. Las acusaciones sugieren que, además de este ingreso, habría recibido sumas de dinero de diversas otras fuentes, lo que ha motivado la intervención de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para analizar sus transacciones económicas
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