La Procuraduría General del Estado logró que la Fiscalía acepte la ampliación de la denuncia en el marco del Caso Botrading I, incorporando a seis exf
La Procuraduría General del Estado logró que la Fiscalía acepte la ampliación de la denuncia en el marco del Caso Botrading I, incorporando a seis exfuncionarios de YPFB Corporación como nuevos procesados. Con esta medida, el número total de personas investigadas por contratos perjudiciales para el Estado y otros delitos asciende a 16. La ampliación fue presentada el 7 de enero de 2026 y aceptada al día siguiente por el Ministerio Público en La Paz, dentro de una investigación impulsada por el Viceministerio de Transparencia, que mantiene como principal imputado al expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien actualmente se encuentra prófugo.
La Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, en coordinación con el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría, continúa con las pesquisas por una serie de delitos que incluyen uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, sociedades ficticias, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia.
Los seis nuevos imputados son Ramiro Martín Dipp Idiaquez, Abigaíl Ana Tambo Cantura, José Ernesto Andia Ferrufino, Walter Elías Monasterios Orgaz, Gabriela Liceth Peña Vargas y Enrique Flores Mancilla, quienes desempeñaban funciones en YPFB al momento de los hechos investigados. A ellos se les atribuyen específicamente los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Entre los acusados iniciales figuran nombres como Sandra Bethania Otazu Vera, Cinthia Pedraza Rodríguez, Gabriela Delgadillo Salazar, Julio Camargo, Omar Alarcón Saigua, Félix Cruz, Rolando Ayala, Joel Callaú y Miguel Ángel Colque, junto con Armin Dorgathen Tapia, señalado como el principal responsable del entramado investigado.
La admisión de la ampliación se formalizó mediante un decreto fiscal fechado el 8 de enero de 2026, firmado por los fiscales Ronald Lendy Jurado Aduviri y José Omar Yujra Paucara, quienes confirmaron la continuidad de las diligencias para determinar las responsabilidades penales y cuantificar el daño económico ocasionado al Estado.
El Caso Botrading I surgió a raíz de denuncias relacionadas con contratos de intermediación y suministro de combustibles que habrían causado perjuicios económicos a YPFB y al Estado, beneficiando a empresas vinculadas a través de operaciones irregulares. La investigación ha derivado en múltiples imputaciones, medidas cautelares y solicitudes de cooperación internacional.
En este contexto, Armin Dorgathen fue reportado en Brasil tras abandonar el país, situación que ha generado alertas y gestiones para su localización y posible extradición, mientras la Fiscalía intensifica las acciones para ampliar el alcance penal contra los presuntos implicados en este caso
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