Las autoridades judiciales han formalizado la admisión de una denuncia por presunta corrupción en la administración del Fondo Rotatorio de Fomento Pro
Las autoridades judiciales han formalizado la admisión de una denuncia por presunta corrupción en la administración del Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional (FRFPR). Esta acción legal, interpuesta el pasado 24 de octubre en Villa Montes, busca esclarecer irregularidades que habrían provocado una mora superior al 20% en la recuperación de créditos, particularmente en la región de Villa Montes.
El FRFPR fue establecido con el objetivo de impulsar el sector productivo regional, recibiendo aportes equivalentes al 10% de los recursos municipales de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes durante un periodo de diez años. Sin embargo, en la gestión actual se han revelado presuntos manejos indebidos que han comprometido la sostenibilidad del fondo.
Entre las principales observaciones se encuentran préstamos que contravienen la normativa del fondo, la cual estipula que los beneficiarios deben pertenecer al sector productivo. Se ha señalado la concesión de un crédito de 3.9 millones de bolivianos a un empresario hotelero. Adicionalmente, se investiga la entrega de financiamiento a aproximadamente veinte individuos vinculados familiarmente a una exautoridad política, quienes presuntamente no habrían cumplido con la devolución de los montos prestados.
La denuncia fue presentada tras declaraciones públicas sobre posibles irregularidades en la gestión del fondo, que se habrían producido durante administraciones políticas anteriores. La iniciativa legal persigue que las instancias competentes determinen y asignen las responsabilidades correspondientes. El proceso se ha dirigido contra los autores de los hechos, con la expectativa de que la investigación identifique a los culpables.
Esta situación ha sido calificada como alarmante, sugiriendo la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos o conductas antieconómicas. La investigación también contempla la posible implicación de funcionarios del Banco Unión, por omisión o irregularidad en los procesos de asignación de créditos.
El caso se encuentra actualmente en su fase preliminar, y el Ministerio Público ya ha remitido el expediente a un juez, quien también ha admitido la denuncia. Se están llevando a cabo las diligencias investigativas. Para casos de esta complejidad, el proceso suele extenderse por aproximadamente 60 días, y se anticipa que antes de la culminación de este plazo se podría emitir una imputación formal.
La motivación detrás de esta acción legal es la indignación ciudadana ante la percepción de inacción formal frente a las acusaciones. Existe una clara intención de evitar que el Fondo Rotatorio replique situaciones de malversación observadas en otros contextos nacionales, enfatizando la necesidad de una acción legal concreta más allá de las declaraciones públicas.
La investigación sigue su curso y podría resultar en imputaciones en las próximas semanas
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