El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció la apertura de una investigación preliminar en torno a la sentencia emitida en
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció la apertura de una investigación preliminar en torno a la sentencia emitida en 2015 contra Freddy Vidovic, exministro de Justicia. Esta medida se tomó tras las denuncias públicas del exfuncionario, quien aseguró haber sido condenado bajo irregularidades, presiones y supuestos actos de tortura.
Aunque Vidovic ya no ocupa el cargo ministerial, la autoridad judicial consideró indispensable atender la gravedad de las acusaciones y solicitó de inmediato el informe del juez responsable de la sentencia. Este documento fue entregado al Consejo y constituye la base para el análisis inicial del caso.
En el examen del fallo, Baptista identificó varias anomalías. Destacó que Vidovic aceptó un procedimiento abreviado y una condena de tres años de privación de libertad, pero el juez ordenó la suspensión condicional de la pena, evitando así su ingreso a un establecimiento penitenciario. Sin embargo, la resolución carece de detalles sobre la duración de esta suspensión y las condiciones que debía cumplir el condenado, lo que representa una deficiencia en la sentencia.
Otra irregularidad señalada es la falta de pruebas suficientes que respalden la culpabilidad de Vidovic. Según Baptista, la sentencia parece basarse únicamente en la aceptación del acta del procedimiento abreviado, sin un análisis ni fundamentación sólida que justifique la condena. Esto contraviene los estándares legales que exigen justificar la responsabilidad penal de manera clara y completa.
Además, el presidente del Consejo informó que la sentencia no fue registrada en el sistema REJAP, el registro oficial de antecedentes penales, lo que explica por qué no aparecía en los antecedentes del exministro.
En cuanto a la situación jurídica de Vidovic, Baptista confirmó que existe una condena formal, respaldada por una copia legalizada de la sentencia. No obstante, subrayó la importancia de determinar si los jueces incurrieron en irregularidades disciplinarias y si se cometieron actos de tortura o malos tratos durante el proceso. En caso de comprobarse estos hechos, el Consejo de la Magistratura remitirá la información al Ministerio Público, dado que los delitos relacionados con tortura no prescriben



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