La expresidenta Jeanine Áñez ha recuperado su libertad este jueves, culminando un periodo de reclusión que se extendió por casi cinco años, desde marz
La expresidenta Jeanine Áñez ha recuperado su libertad este jueves, culminando un periodo de reclusión que se extendió por casi cinco años, desde marzo de 2021. La decisión que posibilitó su excarcelación fue emitida el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual determinó la anulación de la sentencia en el caso conocido como Golpe de Estado II.
A su salida del centro penitenciario de Miraflores, Áñez fue recibida en una emotiva escena por familiares y amigos, quienes aguardaban desde tempranas horas de la mañana, brindándole vítores, sonrisas y abrazos. Esta resolución judicial representaba el último impedimento para su liberación, dado que en otras causas ya había obtenido beneficios procesales.
En el caso Golpe de Estado II, Áñez había sido condenada en 2022 a diez años de prisión, acusada de haber asumido la presidencia de manera irregular en 2019. Sin embargo, su defensa interpuso un recurso de revisión extraordinaria ante el máximo tribunal, que finalmente falló a su favor. La anulación del veredicto implica que el proceso deberá ser revisado o reiniciado bajo nuevos parámetros legales.
La detención de Áñez se produjo en marzo de 2021, en el marco del caso Golpe de Estado I. Su aprehensión, liderada por el entonces comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, se basó en imputaciones de sedición, terrorismo y conspiración. Este operativo siguió a las detenciones previas de los exministros transitorios Álvaro Coímbra (Justicia) y Álvaro Rodrigo Guzmán (Energía), y a la emisión de órdenes de captura para otros exmiembros de aquel gobierno.
Tras una audiencia virtual, la justicia boliviana dictaminó prisión preventiva por cuatro meses para la expresidenta y sus exministros, argumentando riesgo de fuga. Posteriormente, Áñez fue trasladada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes bajo estrictas medidas de seguridad, mientras que Guzmán y Coímbra fueron enviados a la cárcel de San Pedro. Estos arrestos marcaron un punto de inflexión en las tensiones políticas entre el ejecutivo de izquierda en funciones y la oposición conservadora, generando una significativa controversia en el país.
Además de los casos relacionados con el Golpe de Estado, la exmandataria enfrentó otras acusaciones relevantes, como las vinculadas a los eventos de Senkata, Sacaba y el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
En agosto del presente año, la justicia ya había ordenado la libertad de Áñez en el marco de las investigaciones por el caso Senkata. Este proceso, iniciado por la Fiscalía, se centraba en la presunta comisión del delito de genocidio, relacionado con los trágicos sucesos de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, donde al menos diez personas perdieron la vida durante un operativo militar y policial. El tribunal determinó que la expresidenta debía ser procesada mediante un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria, declarando la nulidad de obrados y remitiendo el caso a la Fiscalía General. En aquel momento, se aclaró que esta medida aplicaba exclusivamente a dicho proceso y no afectaba las demás causas pendientes.
De manera similar, a finales de agosto de este año, el Tribunal Primero de Sacaba, Cochabamba, se declaró incompetente para continuar con el juicio ordinario contra Jeanine Áñez por los lamentables hechos de Sacaba en noviembre de 2019. En esa ocasión, al menos once personas fallecieron en el puente Huayllani durante la crisis política de 2019, posterior a la renuncia de Evo Morales. Los antecedentes de este caso también fueron remitidos para un juicio de responsabilidades.
Finalmente, en abril de este año, el proceso ordinario contra




COMMENTS