La expresidenta del Estado, Jeanine Áñez Chávez, se encuentra en una etapa crucial de su proceso legal, buscando su libertad a través de un recurso de
La expresidenta del Estado, Jeanine Áñez Chávez, se encuentra en una etapa crucial de su proceso legal, buscando su libertad a través de un recurso de revisión extraordinaria de la sentencia que la condenó en el denominado caso Golpe de Estado II. Esta condena es, actualmente, el único impedimento que la mantiene recluida en el penal de Miraflores.
Familiares cercanos de la exmandataria han expresado su profunda esperanza en que este sea el paso definitivo para su liberación. Han manifestado su expectativa de que el Tribunal Supremo de Justicia anule la sentencia, lo que permitiría a Áñez regresar a su hogar y reunirse con su familia después de más de cuatro años y medio de detención. Según sus allegados, la expresidenta ha sido considerada un trofeo político durante la actual administración, pero confían en que, con los cambios políticos, la verdad prevalecerá y se hará justicia.
Desde la perspectiva de la defensa legal, la abogada Norka Cuéllar ha señalado que, bajo el actual gobierno, se iniciaron nueve procesos penales en la justicia ordinaria contra la exmandataria. Estos casos, según la defensa, son de naturaleza política y han vulnerado diversos derechos constitucionales, particularmente el de ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades o un caso de corte, tal como lo establece la Ley 044 para el juzgamiento de altas autoridades del Estado.
Cabe recordar que, tras una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dictaminó que la exmandataria solo podía ser juzgada por la vía de juicio de responsabilidades, su equipo legal ha logrado la anulación de tres procesos que se tramitaban en la justicia ordinaria. La defensa ha reiterado que de los nueve procesos iniciados, algunos llegaron a la imputación y juicio, uno resultó en sentencia (el caso Golpe II), y otro fue rechazado.
Entre los casos a los que se ha hecho referencia se encuentran dos relacionados con los supuestos golpes de Estado I y II; los procesos por los eventos en Senkata y Sacaba, que posteriormente fueron anulados; el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), también anulado; una denuncia por la supuesta venta irregular de combustible de aviación; un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI); presuntas irregularidades en la gestión de Fundempresa; y una acusación de supuestas resoluciones inconstitucionales, presentada por un comunicador social.
En un desarrollo reciente que ha acelerado el contexto jurídico, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió la instructiva 18/2025 el 22 de agosto, firmada por su presidente, Romer Saucedo. Esta disposición ordena a las autoridades judiciales del país verificar el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva en todos los procesos que involucran a la expresidenta Áñez, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. Los dos últimos ya obtuvieron su libertad la semana pasada.
Esta medida generó críticas por parte de funcionarios gubernamentales y del delegado nacional del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien cuestionó la instructiva y argumentó públicamente que se debería aplicar la misma celeridad a los procesos penales del 58.2% de los más de 33.000 privados de libertad que también se encuentran encarcelados preventivamente sin una sentencia firme.
En el ámbito legislativo, un jefe de bancada de diputados anunció la presentación de una denuncia contra el presidente del TSJ ante la Comisión de Justicia Plural, alegando que la instructiva 018/2025 fue emitida sin la aprobación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, la ministra de Justicia y el procurador del Estado expresaron su preocupación de que las resoluciones que beneficiaron a Áñez, Camacho y Pumari puedan conducir a la impunidad en relación con las muertes y decenas de heridos ocurridos en los enfrentamientos de 2019 en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), que involucraron a quienes apoyaban al entonces presidente y a las fuerzas del orden. El procurador sostuvo que el Estado podría enfrentar severas sanciones por un supuesto incumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que instan a sancionar a los responsables.
En respuesta a estas críticas, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, afirmó que el Órgano Judicial ha recuperado su independencia y que ya no será un mercenario de la democracia ni un instrumento de facciones políticas. Explicó que la emisión de la instructiva se produjo tras el cierre de una comisión que, según él, vinculaba al poder judicial con el ejecutivo, marcando así una ruptura con influencias externas.
El magistrado también extendió una invitación a aquellos que se consideran perseguidos políticos y han abandonado el país, para que regresen con la garantía de un proceso judicial transparente, asegurando que el estado de derecho ha sido restablecido. Subrayó que, en caso de ser citados, la detención preventiva se aplicaría como una medida excepcional, a diferencia de lo que, según él, ocurrió en la anterior administración. Sin embargo, hizo una advertencia clara: si bien los procesados tendrán todas las garantías del debido proceso para defenderse, esto no implica impunidad. Enfatizó que tanto las víctimas como los imputados tienen derechos que deben ser respetados por todas las partes involucradas en un proceso judicial.
La situación legal de la expresidenta Áñez se enmarca en los conflictos que llevaron a la renuncia y posterior salida del país del entonces presidente en noviembre de 2019, y su posterior asunción de la presidencia. Su encarcelamiento se produjo cuando el partido gobernante recuperó el poder en las elecciones de 2020. La defensa de Áñez ha sostenido consistentemente que, en el enjuiciamiento por el supuesto golpe de Estado, la Fiscalía omitió investigar el presunto fraude electoral de octubre de 2019, que fue uno de los principales detonantes de los conflictos sociales.
La expresidenta, por su parte, ha reiterado en diversas ocasiones que asumió el cargo debido al vacío de poder generado por la renuncia de ministros y legisladores del partido en el gobierno, en un contexto de amenazas de organizaciones sociales y el amotinamiento policial que comenzó días antes en noviembre de 2019.
En cuanto a los fallecimientos ocurridos entre el 17 y 19 de noviembre de 2019, por los cuales Áñez fue procesada en los casos de Sacaba y Senkata, la defensa de la exmandataria y de los jefes militares y policiales involucrados ha cuestionado la investigación de la Fiscalía. Argumentan que nunca se logró establecer el origen de los disparos que causaron las muertes y heridos, y que no se iniciaron procesos contra los instigadores de las movilizaciones civiles violentas de aquel período
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