Evo Morales exige jueces independientes ante posible procesamiento por asalto al Hotel Las Américas

El expresidente Evo Morales ha manifestado públicamente su exigencia de un poder judicial independiente y honesto, en caso de que se le procese por los sucesos ocurridos el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, que culminaron con el fallecimiento de tres personas. El exmandatario afirmó no temer a un enjuiciamiento por su defensa de la integridad territorial y la soberanía de Bolivia, así como por su labor para prevenir el separatismo y la división entre los bolivianos. En este contexto, solicitó específicamente que cualquier proceso judicial sea llevado a cabo por jueces imparciales, íntegros y respetuosos del debido proceso y del principio de presunción de inocencia.

Morales, además, expresó su convicción de que, aunque él mismo pueda ser objeto de innumerables procesos, insultos, discriminación, encarcelamiento o proscripción política, la voz de un pueblo indignado contra el racismo, la injusticia y lo que considera traición a la patria, jamás podrá ser silenciada ni doblegada.

Estas declaraciones surgen en un momento en que una demanda colectiva interpuesta por cinco individuos contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se encuentra, según reportes, en su fase final. Juan Carlos Guedes, una de las personas implicadas en el entonces denominado ‘caso terrorismo’, ha señalado recientemente que este proceso internacional está próximo a concluir.

Los demandantes en esta acción colectiva son Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Mario Tadic, Elöd Tóásó, y la madre de Michael Dwyer, un ciudadano irlandés que perdió la vida durante el asalto al Hotel Las Américas. Guedes enfatizó que la lucha legal se ha extendido por más de una década, y subrayó la responsabilidad del nuevo gobierno de asumir con seriedad la etapa final de este juicio ante el tribunal con sede en Costa Rica.

A raíz de los acontecimientos en el Hotel Las Américas, la administración de Evo Morales inició múltiples procesos judiciales, agrupados bajo la denominación de ‘Caso Terrorismo’, que involucraron tanto a autoridades como a ciudadanos del departamento de Santa Cruz. La investigación y el consiguiente juicio se prolongaron durante diez años, un periodo en el cual algunos de los acusados permanecieron en detención preventiva en diversas cárceles del país