Epsas confirma pérdida de Bs 150 millones por juicio laboral en auditoría jurídica

Una revisión jurídica encargada por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) de La Paz ha revelado que 401 empleados afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas) lograron una sentencia favorable en un juicio laboral. Esta resolución obliga a la entidad a desembolsar alrededor de 150 millones de bolivianos debido a la suspensión del pago de un “bono de antigüedad” que se había eliminado desde diciembre de 2016, lo que fue considerado una vulneración de sus derechos laborales.

Según un análisis realizado por un especialista en temas de agua y saneamiento, la responsabilidad principal recae en el exinterventor de Epsas y exgerente de la Administradora Boliviana de Carreteras, quien habría ordenado la supresión del bono con motivaciones políticas, sin contar con respaldo legal para dicha medida.

El impacto económico de esta situación es aún más grave, dado que la sentencia judicial obliga a restituir el pago del bono a los trabajadores actuales, lo que representa una pérdida adicional estimada en 25 millones de bolivianos anuales. Además, existen múltiples procesos penales y laborales en contra de Epsas que se han perdido, lo que, según expertos, ha llevado a la empresa a una situación cercana a la quiebra técnica.

El actual interventor de la empresa, designado por el Gobierno y la Central Obrera Regional de El Alto, no ha proporcionado declaraciones respecto a este asunto. El análisis administrativo indica que de las ganancias reportadas por Epsas, que ascienden a 380 millones de bolivianos, aproximadamente 100 millones se destinan al pago de salarios de 540 empleados permanentes y 280 eventuales.

Epsas, que está bajo intervención desde 2013, administra cerca de 500.000 conexiones de agua potable y alcantarillado en ocho municipios del área metropolitana del departamento de La Paz, incluyendo localidades como Mecapaca, Achocalla, Laja, Pucarani, Viacha, Palca, El Alto y la ciudad de La Paz.

La auditoría jurídica fue ordenada tras diversas denuncias presentadas ante instancias gubernamentales, que inicialmente no fueron atendidas. Posteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua solicitó la realización de una auditoría externa, la cual fue adjudicada a la consultora Navarro & Asociados. Este estudio abarcó más de 80 procesos judiciales laborales que representan pérdidas millonarias para la empresa, atribuibles a una gestión administrativa deficiente y a una defensa legal inadecuada.

Este escenario evidencia la compleja situación financiera y administrativa que enfrenta la empresa encargada del suministro de agua en la región, poniendo en riesgo la continuidad y calidad del servicio que presta a la población