La reciente modificación en los precios de los combustibles implementada por el Gobierno central desde diciembre de 2025 ha generado un impacto notabl
La reciente modificación en los precios de los combustibles implementada por el Gobierno central desde diciembre de 2025 ha generado un impacto notable en la economía familiar de la población, según revela un estudio realizado por el Monitor de Opinión Pública de Ipsos-CIESMORI para UNITEL. Este análisis, llevado a cabo entre el 16 y el 28 de enero, abarcó las principales ciudades del eje troncal del país: Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz y El Alto. La encuesta contó con la participación de 400 personas, con un margen de error estimado en +/- 4,9%, lo que aporta un nivel significativo de representatividad a los resultados obtenidos.
El estudio buscó comprender cómo los cambios en el costo de los combustibles han repercutido en el presupuesto mensual de las familias. En términos generales, un 42% de los ciudadanos consultados afirmó que esta variación les afectó ‘mucho’, manifestando que tuvieron que recortar gastos esenciales para poder ajustarse a la nueva realidad económica. Por otro lado, un 41% señaló que la afectación fue ‘moderada’, indicando que aunque han tenido que realizar ajustes en sus gastos básicos, estos no han sido tan drásticos. En contraste, un 10% aseguró haber experimentado una afectación ‘poca’, ya que su presupuesto no sufrió cambios significativos debido a esta subida en los precios del combustible. Finalmente, un pequeño grupo del 7% manifestó que su economía familiar no se vio afectada en absoluto.
Al desglosar estos datos por ciudades, se observan variaciones importantes que reflejan las distintas realidades socioeconómicas y dinámicas urbanas. En La Paz, por ejemplo, casi la mitad (46%) percibió una fuerte afectación en su presupuesto mensual debido al aumento del combustible. Un porcentaje considerable (35%) calificó el impacto como moderado, mientras que el restante se dividió entre quienes tuvieron poca o ninguna afectación (15% y 4%, respectivamente). Esta distribución evidencia una preocupación predominante entre los paceños sobre cómo la nueva política estatal afecta sus finanzas familiares.
En El Alto, una ciudad con características económicas y sociales particulares, el impacto fue aún más marcado: casi la mitad de los encuestados (48%) manifestó una afectación ‘mucha’ y un 40% calificó el efecto como moderado. Solo una minoría reportó poca o ninguna influencia en su presupuesto (5% y 7%, respectivamente). Esta tendencia refleja la sensibilidad económica de la población alteña frente a cambios en costos básicos como el combustible.
Cochabamba mostró cifras similares a las anteriores ciudades en cuanto al grado de impacto económico. Más del cincuenta por ciento (51%) afirmó haber sufrido una gran afectación económica tras el ajuste en los precios. Un 37% señaló que la afectación fue moderada y solo un pequeño porcentaje indicó poco o ningún cambio (9% y 3%, respectivamente). Estos números confirman que para gran parte de los cochabambinos, el incremento representa un desafío importante para mantener su estabilidad financiera.
Por último, Santa Cruz presentó una situación algo distinta con respecto a las otras ciudades analizadas. Solo un tercio (33%) explicó haber sido muy afectado económicamente por la subida del combustible, mientras que casi la mitad (46%) describió su experiencia como moderada. Los porcentajes restantes indican que hay quienes sintieron poco impacto (12%) o ninguno (9%). Este escenario podría estar relacionado con factores económicos propios de la región o con estrategias familiares para amortiguar el efecto del aumento.
En conjunto, estos resultados reflejan cómo las modificaciones en políticas públicas relacionadas con insumos fundamentales como los combustibles tienen repercusiones directas e inmediatas sobre la economía doméstica. El hecho de que más del 80% de los encuestados reconozca algún nivel de afectación –ya sea moderada o alta– subraya la importancia social y económica del tema para gran parte de la población urbana del país.
La encuesta también pone en evidencia cómo las familias han tenido que adaptarse rápidamente a este nuevo contexto inflacionario ajustando sus presupuestos y recortando gastos esenciales para hacer frente al incremento en costos básicos asociados al transporte y otros servicios dependientes del combustible. Esta realidad plantea desafíos importantes para las autoridades gubernamentales y para los sectores productivos relacionados con garantizar mecanismos adecuados que permitan mitigar estas presiones económicas sobre los hogares más vulnerables.
Este estudio contribuye a entender mejor las percepciones ciudadanas frente a decisiones gubernamentales cruciales y destaca la necesidad continua de monitorear cómo estas afectan directamente a diferentes segmentos poblacionales dentro del país. La información generada puede ser fundamental para diseñar políticas públicas más sensibles y efectivas ante cambios económicos estructurales como este ajuste en los precios energéticos esenciales para toda la sociedad
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