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El proceso de conteo de votos para la elección parcial de magistrados ha concluido, y el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, ha expresado su intención de continuar trabajando en el marco de la reciente elección, que ha sido calificada como “casi completa”.
Hurtado hizo eco de las observaciones realizadas por una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que subrayó la necesidad urgente de completar la selección de todos los magistrados. Sin embargo, también se hizo hincapié en la controversia generada por la decisión de las altas autoridades de prolongar su mandato más allá de lo estipulado por la Constitución.
Durante un evento público, el magistrado destacó la importancia del compromiso del TCP y sus miembros para asegurar el cumplimiento de la Constitución. A pesar de ello, no hizo mención a la extensión de su mandato, que se había acordado hace un año, contraviniendo el límite de seis años establecido por la normativa.
El informe de la OEA, dirigido por Edison Lanza, exrelator de Libertad de Expresión de la CIDH, criticó la situación creada por los magistrados del TCP que han extendido su tiempo en el cargo, lo cual ha llevado a una concentración de poder en el tribunal. La misión instó a las instituciones bolivianas a encontrar de manera urgente una solución para concluir la selección de los integrantes pendientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el TCP, sugiriendo que esto se realice a través de elecciones organizadas por la Asamblea Legislativa.
El ministro de Justicia, César Siles, defendió la prórroga de los magistrados, afirmando que la declaración constitucional 049/2023 establece que su mandato se extiende hasta que se realice la elección judicial, un proceso que ya se ha llevado a cabo. Siles indicó que se está promoviendo un diálogo interinstitucional para proporcionar claridad a la ciudadanía sobre este tema.
A pesar de las declaraciones del ministro, Hurtado insistió en que cualquier solución debe respetar la Constitución, lo que implica que debe llevarse a cabo a través del sufragio y de una ley que sea elaborada por la Asamblea Legislativa. El magistrado también señaló que la responsabilidad de la prórroga y la anulación de la convocatoria en al menos cuatro regiones del país recae sobre dicha entidad.
El contexto electoral ha estado marcado por una intensa polarización política, tanto dentro del oficialismo como entre el gobierno y la oposición, lo que ha resultado en bloqueos de carreteras y retrasos en el calendario electoral. La OEA también denunció un aumento en la judicialización de decisiones electorales, con más de 60 casos presentados ante el TCP, lo que refleja debilidades en el sistema judicial y electoral del país.
Entre las recomendaciones de la OEA se incluyen la creación de un marco legal integral que regule el proceso de selección y elección de autoridades judiciales, la evaluación de alternativas para disminuir la politización de este proceso, el fortalecimiento de la transparencia mediante la publicación oportuna de documentos clave y la clarificación del rol del TCP para evitar interferencias en el sistema electoral y judicial
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