El Vaticano confirma su no participación en la Junta de Paz de Trump y respalda la ONU

El Vaticano ha decidido no formar parte de la denominada “Junta de Paz”, una iniciativa internacional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, según confirmó el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Esta decisión refleja una postura clara del Vaticano respecto a los nuevos organismos multilaterales que podrían competir con entidades internacionales ya establecidas, en particular con las Naciones Unidas.

La “Junta de Paz” fue presentada inicialmente con un objetivo muy específico: supervisar la tregua en Gaza y coordinar los esfuerzos para la reconstrucción del territorio tras el conflicto bélico entre Hamás e Israel. Sin embargo, con el paso del tiempo, la naturaleza y alcance de este organismo ha cambiado considerablemente. Su propósito se ha ampliado hacia la resolución de diversos conflictos internacionales, lo que ha generado preocupación entre algunos actores globales y observadores. Existe el temor de que esta junta pueda constituir una alternativa o incluso un rival directo al Consejo de Seguridad de la ONU, cuya función tradicional es precisamente abordar crisis internacionales y mantener la paz mundial.

El cardenal Parolin enfatizó que el Vaticano considera que ciertas cuestiones críticas relacionadas con la paz mundial deben ser abordadas dentro del marco establecido por las Naciones Unidas. Aunque no detalló cuáles son estas cuestiones específicas, su declaración deja claro que para la Santa Sede es fundamental respetar y fortalecer el papel central que tiene la ONU en la gestión de situaciones conflictivas a nivel global. Esta postura pone de relieve una visión diplomática orientada a preservar las estructuras multilaterales existentes y evitar fragmentaciones o duplicidades que puedan debilitar los mecanismos internacionales para la resolución pacífica de controversias.

Desde su lanzamiento en enero durante el Foro Económico Mundial en Davos, esta “Junta de Paz” ha logrado sumar al menos 19 países firmantes a su carta fundacional. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos del organismo es su estructura financiera y operativa: para convertirse en miembro permanente es necesario aportar una suma considerable, estimada en mil millones de dólares. Este requisito económico ha sido objeto de críticas porque podría transformar a la junta en una versión “de pago” del Consejo de Seguridad, limitando así su representatividad a aquellos países con mayor capacidad financiera y comprometiendo principios básicos como la igualdad soberana entre estados.

Para la población involucrada y para los países afectados por conflictos internacionales, estas dinámicas tienen implicaciones importantes. Por un lado, cualquier mecanismo efectivo para supervisar treguas o facilitar procesos de reconstrucción es vital para garantizar estabilidad y bienestar en zonas devastadas por la guerra. Por otro lado, el surgimiento de nuevas instituciones paralelas a organismos consagrados puede generar incertidumbre sobre cuál es el foro legítimo para negociar soluciones duraderas. En este sentido, el rechazo del Vaticano a participar en esta iniciativa también puede interpretarse como un llamado a reforzar los canales diplomáticos tradicionales y evitar fragmentaciones que puedan entorpecer los esfuerzos colectivos por alcanzar una paz sostenible.

En resumen, la decisión del Vaticano marca un posicionamiento claro respecto a los modelos institucionales para abordar conflictos internacionales. Al privilegiar el papel central de las Naciones Unidas frente a propuestas alternativas como la “Junta de Paz” impulsada por Estados Unidos, se pone énfasis en la importancia del multilateralismo inclusivo y basado en normas compartidas. Este enfoque resulta especialmente relevante en un contexto global donde las tensiones geopolíticas demandan respuestas coordinadas y legítimas que garanticen resultados pacíficos para las poblaciones afectadas por las crisis armadas