La economía nacional se encuentra en un momento de considerable fragilidad, enfrentando una serie de desafíos que amenazan su estabilidad. La escasez
La economía nacional se encuentra en un momento de considerable fragilidad, enfrentando una serie de desafíos que amenazan su estabilidad. La escasez de divisas, la disponibilidad limitada de combustibles y una tendencia inflacionaria persistente se ven ahora exacerbadas por factores internacionales. Los recientes acontecimientos en Medio Oriente y el consecuente aumento en el precio del petróleo plantean serias dudas sobre la viabilidad del esquema de subsidios estatales.
Actualmente, la cotización del dólar en el mercado paralelo continúa su ascenso, mientras que las reservas internacionales se mantienen en niveles preocupantemente bajos. En este contexto, la moneda nacional experimenta una depreciación constante, reflejo del incremento generalizado de precios y la escasez de liquidez. La estabilidad económica, que durante años fue un pilar del modelo económico boliviano, se encuentra bajo una presión sin precedentes.
Un experto en la materia ha señalado que el conflicto en Medio Oriente ya está generando repercusiones directas. El encarecimiento del barril de petróleo, que ha superado la marca de los 75 dólares, impacta de manera significativa en la economía boliviana, elevando el costo de los combustibles que el país debe importar.
El presupuesto estatal para el presente año contemplaba un precio del barril de petróleo de 76 dólares. Esta previsión deja un margen muy estrecho ante cualquier fluctuación en los mercados internacionales. De persistir la tendencia alcista en el precio del crudo, el Estado se verá obligado a destinar una mayor cantidad de recursos para mantener los subsidios a los combustibles, lo que compromete seriamente el equilibrio fiscal.
Se ha reconocido públicamente que el país se encuentra al borde de una situación de incumplimiento de pagos, dependiendo de la aprobación de financiamiento externo para cubrir la importación de combustibles y el servicio de la deuda pública.
Las repercusiones de esta situación se extienden de manera preocupante. La falta de divisas y el encarecimiento de las importaciones están afectando la disponibilidad de alimentos y productos de primera necesidad. Se advierte sobre una inflación cada vez más corrosiva, con proyecciones que sugieren un incremento acumulado significativo en los próximos meses, especialmente si persisten las interrupciones en la cadena de suministro y la crisis energética.
El poder adquisitivo de la población también se ha visto deteriorado de manera alarmante. En el último año, el valor real de la moneda boliviana ha experimentado una caída sustancial, lo que se traduce en una menor capacidad de compra para los ciudadanos.
Asimismo, existe el riesgo de una crisis alimentaria. La escasez y el encarecimiento de los combustibles impactan directamente en los costos de producción agrícola, el transporte y la distribución de alimentos. Esta situación podría empujar a un número considerable de familias hacia la pobreza, con proyecciones que sugieren un aumento significativo en los índices de pobreza si no se implementan medidas correctivas de manera urgente.
La subvención de combustibles se perfila como un esquema insostenible en el escenario actual. El año pasado, el Estado destinó una suma considerable a la importación y subsidio de diésel y gasolina. Con la intensificación de los conflictos geopolíticos, se teme un incremento aún mayor en el precio del petróleo, lo que podría llevar al colapso del sistema de subsidios. Las escenas de largas filas en las estaciones de servicio podrían intensificarse drásticamente.
Bolivia depende en gran medida de la importación de combustibles, lo que la hace extremadamente vulnerable a las tensiones internacionales. El conflicto en Medio Oriente y la potencial amenaza al estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el comercio mundial de petróleo, podrían tener consecuencias devastadoras para la economía nacional.
La dependencia de créditos externos para cubrir gastos esenciales es un reflejo de la fragilidad del modelo económico. Financiar déficits fiscales mediante deuda es una estrategia insostenible a largo plazo y evidencia una situación que no se está abordando adecuadamente. A esto se suma la incertidumbre política, las dificultades para la aprobación de financiamiento y una creciente desconfianza en los mercados internacionales.
La advertencia sobre una posible escalada de conflictos a nivel global, relacionada con las tensiones en Medio Oriente, subraya la creciente preocupación por el impacto de la geopolítica en la economía nacional. Lejos de ser un problema externo aislado, la crisis en esa región tiene el potencial de generar serias consecuencias internas, principalmente a través de su efecto en el precio del petróleo, un componente fundamental para la sostenibilidad del modelo energético boliviano.
Aunque el precio internacional del barril de petróleo se cotiza a un nivel considerablemente más alto, en el mercado interno boliviano se comercializa a un precio significativamente menor, lo que implica un cuantioso subsidio estatal por barril. Con el aumento de la cotización internacional, la presión sobre las finanzas públicas se intensifica.
Si esta tendencia persiste, se anticipa un incremento del déficit fiscal, una mayor presión sobre el tipo de cambio y una acelerada disminución de las reservas internacionales. Además, aumentará el riesgo de inflación y se reducirá el margen de inversión en sectores vitales como salud, educación e infraestructura.
Esta coyuntura pone de manifiesto que el modelo de subsidios se encuentra en una situación crítica y que Bolivia, como país importador de combustibles, está expuesta a las fluctuaciones del contexto internacional. El conflicto en Medio Oriente trasciende la esfera geopolítica para convertirse en un riesgo directo para la estabilidad económica del país
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