Diputados retomarán ley antibloqueos tras Carnaval y culpan a evistas por bloqueos

La Cámara de Diputados se prepara para retomar el debate sobre un proyecto de ley que busca sancionar con mayor severidad el bloqueo de carreteras, una problemática recurrente que afecta la circulación y genera incertidumbre en la población. Esta iniciativa legislativa ha cobrado relevancia a raíz de los recientes bloqueos protagonizados por transportistas, que paralizaron importantes vías de comunicación, especialmente en zonas donde grupos vinculados al movimiento conocido como ‘evismo’ mantienen un fuerte control territorial.

El diputado Alejandro Reyes, integrante del partido Unidad aunque no forma parte directa de la comisión encargada de este tema, ha manifestado su interés en impulsar la aprobación de esta normativa una vez finalizadas las celebraciones del Carnaval. Según su perspectiva, los bloqueos que se registraron recientemente provocaron una sensación de zozobra entre los viajeros y usuarios de las vías, particularmente en regiones donde el ‘evismo’ ejerce hegemonía política y territorial. Reyes responsabiliza a estos sectores por la interrupción del libre tránsito, enfatizando la necesidad urgente de contar con una ley antibloqueos que garantice seguridad a toda la población.

Desde días previos al bloqueo, los transportistas habían advertido sobre su intención de cerrar la principal carretera que conecta el oriente con el occidente del país. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no intervinieron oportunamente ni emitieron declaraciones al respecto. Fue solo cuando se inició el bloqueo en Ivirgarzama que las autoridades establecieron contacto con los dirigentes del sector y acordaron entablar un diálogo programado para después del Carnaval. Este retraso en la respuesta oficial fue interpretado por Reyes como una oportunidad aprovechada por ciertos grupos para desencadenar un bloqueo innecesario bajo pretextos sectoriales.

El legislador oficialista sostiene que es fundamental dotar a las fuerzas del orden —Policía y Fuerzas Armadas— con un marco legal adecuado que les permita actuar con respaldo frente a estas situaciones. En ese sentido, considera que las demandas presentadas por los transportistas del trópico cochabambino fueron utilizadas como una excusa política para desatar medidas coercitivas contra la libre circulación. Por ello, aboga porque el proyecto antibloqueo sea tratado con prioridad tras el receso carnavalesco para comenzar a erradicar estas prácticas disruptivas.

Este proyecto no se limita a una sola propuesta sino que comprende cuatro iniciativas legales encaminadas a endurecer las sanciones contra quienes bloqueen caminos públicos. Una de estas propuestas incluso contempla facultar a las Fuerzas Armadas para intervenir directamente en bloqueos sin asumir responsabilidad legal por eventuales bajas durante estas operaciones, lo cual evidencia un enfoque firme para garantizar el orden público y evitar daños colaterales derivados de estas acciones.

No obstante, dentro del mismo partido Unidad existen voces que llaman a buscar soluciones más integrales y comprensivas hacia los sectores movilizados. La diputada Julieta Jiménez reconoció que los transportistas tienen preocupaciones legítimas respecto al uso continuo de combustibles cuya calidad podría deteriorar sus vehículos y herramientas laborales. En su opinión, es necesario que el Gobierno acuda directamente a estos lugares conflictivos para dialogar y ofrecer respuestas concretas a las demandas planteadas.

Al mismo tiempo, Jiménez hizo un llamado a la reflexión hacia quienes optan por bloquear rutas como mecanismo de protesta, recordando que dichas medidas afectan no solo sus propios intereses sino también perjudican gravemente a miles de personas que dependen del libre tránsito entre regiones para sus actividades diarias o emergencias médicas.

En conjunto, este escenario refleja una tensión persistente entre sectores sociales movilizados y las autoridades estatales, donde la falta de soluciones inmediatas genera un círculo vicioso de protestas y represalias. La pronta discusión y eventual aprobación del proyecto antibloqueo podría representar un paso significativo hacia la reducción de estos conflictos viales, pero al mismo tiempo plantea desafíos sobre cómo equilibrar el derecho legítimo a la protesta con la necesidad imperiosa de mantener el orden público y proteger a toda la ciudadanía. La expectativa está puesta en los próximos días tras el Carnaval para ver si este esfuerzo legislativo logra avanzar y contribuir efectivamente a mitigar esta problemática recurrente