Diputado Cabezas: Veredicto contra Dávila en Estados Unidos no debiera impactar a Evo Morales

Un jurado en Estados Unidos ha declarado culpable a Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), por su implicación en una conspiración para el tráfico de más de cinco kilogramos de cocaína hacia ese país, así como por el uso de armas en relación con dicha actividad.

Este veredicto se produce once meses después de su extradición desde Bolivia para enfrentar el proceso judicial. El caso, que se remonta a 2020, se originó tras la detención de varios individuos en Perú y Colombia, entre ellos el exmayor de la Policía Boliviana, Omar Rojas (dado de baja), y Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo de Paja”, quien ya había cumplido condena por narcotráfico en la justicia estadounidense.

La investigación se inició a partir de información proporcionada por un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA), que incluía grabaciones de audio de diversas reuniones. En estas conversaciones, Dávila supuestamente detallaba cómo garantizaba el tránsito de aeronaves cargadas de estupefacientes hacia Estados Unidos, incluyendo la provisión de escolta armada. La acusación sostiene que Dávila utilizó su experiencia como exjefe de la FELCN para asegurar el éxito de estos cargamentos ilícitos.

La trayectoria de Dávila en unidades de inteligencia antidrogas fue extensa, habiendo colaborado en parte de su carrera con Omar Rojas y su hermano, el coronel Alex Rojas, quien al momento de su captura ostentaba el cargo de Inspector General de la Policía. En 2019, el entonces presidente y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aprobaron la designación de Dávila en uno de los puestos más estratégicos en la lucha contra el narcotráfico. La autoridad política directa sobre Dávila era el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, quien fue aprehendido recientemente tras el descubrimiento de un laboratorio de cristalización de cocaína en un terreno bajo su administración en Puerto Villarroel, Cochabamba.

Sobre las posibles implicaciones políticas y policiales de estos nexos durante la gestión del exmandatario, el diputado Renán Cabezas, afín a la facción del expresidente, ha manifestado que la condena de Dávila no debería afectar al exgobernante. Argumenta que los delitos son de carácter personal y que la sentencia no debería trascender a otras personas, ni siquiera a la familia de Dávila. Cabezas sugirió que cualquier intento de vincular al expresidente con el caso es una estrategia de opositores y sectores de derecha que buscan perjudicarlo, y que Dávila no era el único comandante, por lo que se deberían investigar otras posibles implicaciones.

Es importante señalar que la justicia estadounidense aún no ha dictado la sentencia definitiva, la cual se proyecta superior a una década de prisión, conforme a la normativa de ese país. En relación con este proceso, el diputado Manolo Rojas, exabogado de Dávila en Bolivia, afirmó que en el ámbito judicial boliviano no se habían presentado pruebas contundentes contra el exdirector de la FELCN por delitos de narcotráfico o legitimación de activos ilícitos. No obstante, Rojas se abstuvo de emitir mayores comentarios sobre las pruebas presentadas en Estados Unidos, aduciendo desconocimiento.

En contraste, el abogado y coronel del servicio pasivo del Ejército, Jorge Santisteban, considera que, tras el veredicto de culpabilidad, Dávila podría buscar un acuerdo para reducir su pena a cambio de proporcionar información verificada sobre otros individuos implicados en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. Según Santisteban, esta situación podría extender las implicaciones del caso, iniciado por la DEA, hacia el expresidente y otras autoridades políticas y policiales vinculadas a la designación de Dávila al frente de la FELCN.

Se intentó obtener la versión de los exministros de Gobierno, Carlos Romero y Eduardo Del Castillo. El primero solicitó tiempo para revisar los detalles antes de emitir una opinión. Por su parte, el exministro Del Castillo, quien supervisó la detención de Dávila en territorio boliviano y la gestión de su extradición, no respondió a las solicitudes de comentarios