Desigualdad en Tarija: Censo revela disminución de ingresos para ocho municipios y preocupaciones por servicios básicos

El reciente Censo de Población y Vivienda en Bolivia ha puesto de manifiesto una marcada desigualdad en la asignación de recursos a través de la coparticipación tributaria en el departamento de Tarija. De acuerdo con los datos preliminares, se anticipa que ocho de los once municipios de la región experimentarán una disminución en sus ingresos, lo que podría tener un impacto considerable en la provisión de servicios esenciales y el desarrollo regional. Por el contrario, los municipios de Tarija, Villa Montes y San Lorenzo serán los únicos en beneficiarse con un incremento en sus recursos, según lo informado por Rodrigo Fuenzalida, representante del Comité Interinstitucional por el Censo de Tarija.

Esta situación ha suscitado inquietud entre las autoridades locales y miembros de la sociedad civil, quienes han señalado las posibles repercusiones negativas que la reducción de ingresos podría tener sobre la calidad de vida de los ciudadanos en los municipios afectados. Elementos como la migración, el envejecimiento poblacional y las condiciones socioeconómicas han contribuido a esta desigualdad en la distribución de recursos.

La disminución en los fondos provenientes de la coparticipación tributaria repercutirá directamente en la capacidad de los municipios para financiar proyectos de infraestructura, programas sociales y servicios básicos. La escasez de recursos limitará la implementación de iniciativas en áreas críticas como educación, salud e infraestructura, lo que podría profundizar las diferencias entre los distintos municipios.

A pesar de las preocupaciones expresadas por las autoridades locales y la sociedad civil, representantes del gobierno nacional defienden la metodología empleada para la distribución de los recursos, argumentando que esta se basa en criterios técnicos y objetivos. Sin embargo, las críticas continúan, y se anticipa que se generen discusiones sobre la justicia en la distribución de recursos y las políticas públicas necesarias para abordar los efectos adversos de esta problemática