Denuncias por corrupción en Aduana y Diprove generan alerta en La Paz

En las últimas semanas, se han intensificado las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades, malos tratos y abusos de autoridad en la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) y en la Aduana Nacional, generando preocupación entre los afectados. Pese a la frecuencia de estas denuncias, no se han iniciado investigaciones formales ni se han emitido pronunciamientos oficiales, situación que ha motivado a las víctimas a exigir una respuesta clara por parte de las instituciones correspondientes.

Hugo León, representante de la Asociación de Víctimas de Diprove y la Aduana Nacional, informó que se está gestionando una carta dirigida a diversas organizaciones, incluyendo la Federación del Autotransporte 15 de Abril, el Comité Cívico y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), con el propósito de involucrar a estas entidades en la búsqueda de soluciones y evitar la indiferencia ante los reclamos ciudadanos. Además, León propuso la creación de un comité interinstitucional que canalice las demandas hacia las autoridades nacionales, con el fin de promover reformas estructurales en el funcionamiento de ambas instituciones.

El dirigente también manifestó su preocupación por la falta de acciones concretas por parte de la Policía Boliviana en la lucha contra la corrupción, señalando que las denuncias reiteradas no han sido acompañadas de medidas efectivas para resolver las irregularidades detectadas en Diprove. Entre los casos destacados, mencionó la situación de un ciudadano que no pudo recuperar su vehículo debido a que, según la institución, había transcurrido un plazo de 90 días que impide la devolución del motorizado.

Asimismo, se ha señalado que gran parte de las denuncias están relacionadas con el ingreso de vehículos argentinos a través de la frontera con Bermejo, donde se reportan presuntos abusos de autoridad y decomisos arbitrarios. Recientemente, una ciudadana argentina presentó una nueva denuncia tras ver retenido su vehículo en el Puente Internacional, luego de haber permanecido cerca de 90 días en el país para realizar reparaciones mecánicas. La afectada aseguró que cumplió con todos los trámites legales al ingresar el vehículo, pero que el vencimiento del plazo autorizado se ha utilizado como argumento para impedir la devolución.

Frente a esta acumulación de reclamos y la ausencia de respuestas institucionales, los afectados insisten en la necesidad de que las organizaciones representativas locales se pronuncien y exijan al Gobierno nacional la apertura de investigaciones transparentes y la implementación de medidas que garanticen el respeto a los derechos de los ciudadanos