La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) emitieron un comun
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) emitieron un comunicado oficial denunciando un grave atentado contra la integridad y seguridad de un trabajador de la prensa ocurrido en la ciudad de El Alto. El hecho sucedió en las primeras horas del jueves 12 de febrero, cuando el periodista, identificado solo por sus iniciales F. Jesús Z.S. por motivos de seguridad, fue víctima de un secuestro y una agresión violenta que puso en riesgo su vida.
Según lo detallado en el pronunciamiento conjunto, el periodista había estado cubriendo un acto relacionado con una campaña electoral en la plaza de la Cruz de Villa Adela. Al concluir su labor informativa y dirigirse a su domicilio, fue interceptado por un grupo de desconocidos que lo sometieron por la fuerza. Los atacantes lo introdujeron a la fuerza en un vehículo y lo trasladaron aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío ubicado en la zona conocida como Kiswaras.
Durante este secuestro, los agresores profirieron amenazas explícitas contra el comunicador, demostrando conocer su condición profesional y dejando claro que el ataque tenía como objetivo intimidarlo y silenciar su labor periodística. Esta situación no solo refleja una violencia física sino también una tentativa directa contra la libertad de expresión y el derecho a informar sin temor. La víctima fue sometida a agresiones físicas con un arma cortopunzante, lo que le provocó heridas graves que fueron calificadas por el informe médico como intencionales y no accidentales.
El periodista recibió atención médica especializada en el Hospital Corea, donde fue intervenido quirúrgicamente para tratar las lesiones sufridas. Posteriormente, fue dado de alta al día siguiente, aunque las secuelas del ataque demandan seguimiento tanto médico como psicológico. Inmediatamente después del incidente, presentó formalmente una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se sometió a una valoración forense en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), acciones que forman parte del proceso para esclarecer los hechos y buscar justicia.
La ANPB y la CSTPB enfatizaron que este caso no puede ser interpretado simplemente como un episodio más dentro del contexto generalizado de inseguridad ciudadana. La naturaleza selectiva del ataque, unido a las amenazas dirigidas directamente al periodista por su trabajo informativo, denota una intención clara de amedrentar a los comunicadores sociales. Además, este episodio se inscribe dentro de una preocupante serie de agresiones contra trabajadores del periodismo boliviano que han quedado impunes o sin resolverse adecuadamente.
Ante esta situación, ambas organizaciones sindicales demandaron a las autoridades competentes una investigación inmediata, rigurosa e independiente que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales responsables del secuestro y la agresión. Asimismo, solicitaron garantías efectivas para proteger al periodista agredido y su familia ante posibles represalias futuras. Este llamado busca no solo justicia para la víctima sino también reforzar las condiciones para ejercer el periodismo libremente en un marco seguro y sin temor a represalias violentas.
El ataque sufrido por este periodista representa un atentado grave contra uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática: la libertad de prensa. La violencia ejercida para silenciar voces críticas impacta directamente en el derecho ciudadano a acceder a información veraz y oportuna. Por ello, esta denuncia pública pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer mecanismos legales y sociales que aseguren protección efectiva para quienes se dedican al ejercicio periodístico en contextos complejos o adversos como el actual en Bolivia




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