Una denuncia formal ha sido presentada ante el Ministerio Público contra la máxima autoridad departamental y el director del Servicio Departamental de
Una denuncia formal ha sido presentada ante el Ministerio Público contra la máxima autoridad departamental y el director del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), tras revelaciones sobre el presunto abandono de una considerable cantidad de maquinaria pesada. La acción legal se concretó el pasado martes.
La investigación, resultado de labores de fiscalización, incluyó visitas a campamentos asociados al proyecto de construcción del tramo Bermejo-San Antonio. En el campamento de Santa Clara, se constató la existencia de un parque de maquinaria completamente inoperativo y desatendido desde hace más de dos años.
Se ha señalado que, en el momento de la paralización de las obras viales, todo este equipo pesado se encontraba en pleno funcionamiento. El inventario incluye motoniveladoras, palas cargadoras, orugas, volquetas y camionetas, todas ellas ahora en estado de abandono en el mencionado campamento. La situación se agrava por informes que indican que trabajadores, tanto del Sedeca como externos, estarían sustrayendo repuestos y neumáticos, acelerando el deterioro de los equipos y proyectando su inutilidad en un corto plazo.
La magnitud del abandono es significativa, superando las 50 unidades de maquinaria. Se ha argumentado que esta situación es inaceptable, especialmente cuando diversas comunidades del departamento demandan urgentemente el apoyo de maquinaria pesada. Existe la posibilidad de que estos equipos pudieran haber sido transferidos o prestados a municipios para la prestación de servicios y su debido mantenimiento, una alternativa que, sin embargo, no fue considerada. El valor de esta maquinaria, que se está deteriorando progresivamente, asciende a millones de bolivianos.
La denuncia penal se fundamenta en el presunto delito de conducta antieconómica. Se espera que el Ministerio Público inicie una investigación exhaustiva para determinar las razones detrás de esta decisión de abandono y la ausencia de un seguro que garantice el mantenimiento de los bienes. Un legislador nacional ha solicitado previamente información a la gobernación sobre este asunto; si bien parte de la documentación fue facilitada, otra no lo fue, aduciéndose la falta de recursos económicos como justificación
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