La Defensoría del Pueblo ha anunciado su participación en una audiencia programada para el 7 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma
La Defensoría del Pueblo ha anunciado su participación en una audiencia programada para el 7 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se abordará la criminalización de defensores y defensoras de Derechos Humanos y ambientales en la región de Tariquía. Esta entidad ha expresado su preocupación por la falta de cumplimiento del Acuerdo de Escazú y otros compromisos tanto nacionales como internacionales relacionados con los derechos humanos y la transparencia estatal.
Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, destacó que su institución seguirá de cerca el trabajo de las comunidades y los defensores ambientales, reafirmando su compromiso en la audiencia. Esta participación surge a raíz de una solicitud presentada por la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), que incluye a representantes de la resistencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, con el respaldo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
En relación con la situación en la reserva de Tariquía, Callisaya subrayó la inquietud que genera el hecho de que quienes luchan por la protección de este patrimonio natural sean objeto de persecución y enfrenten acciones legales por ejercer su derecho a defender el medio ambiente, en particular, en el contexto de los procesos judiciales iniciados por YPFB Chaco.
Ante esta situación, el defensor del Pueblo hizo un llamado a evitar cualquier conducta que pueda ser interpretada como intimidatoria o represiva, lo que podría obstaculizar el trabajo de quienes defienden el medio ambiente. Enfatizó la importancia de que no solo YPFB, sino todas las instituciones estatales, reconozcan el valor del trabajo de los defensores ambientales
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