DEA Regresa a Bolivia Desencadenando Nueva Tensión Evo Morales Luis Fernando Camacho

La posibilidad de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) retorne a territorio boliviano ha catalizado una renovada confrontación en el panorama político nacional. Esta coyuntura ha puesto de manifiesto la aguda polarización entre el expresidente Evo Morales y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quienes han intercambiado declaraciones contundentes sobre el asunto.

Desde un encuentro de productores de coca en Villa Tunari, el exmandatario Morales cuestionó la postura del presidente electo Rodrigo Paz, quien previamente había manifestado su disposición a colaborar con organismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Morales recordó episodios históricos vinculados a los denominados narcovínculos de la década de los noventa, que afectaron a líderes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), partido al que pertenecía el expresidente Paz Zamora. En este contexto, el líder cocalero evocó cómo la DEA habría perseguido a figuras políticas de la época, incluyendo a Óscar Eid y a miembros de la familia del expresidente Paz, a quienes incluso se les retiró la visa, señalando una aparente contradicción en la actual apertura.

Morales argumentó que la presencia de la agencia estadounidense no resultó en una disminución efectiva de los cultivos de coca en Bolivia. Por el contrario, sostuvo que fue la nacionalización de la estrategia antidrogas, implementada durante su gestión, la que condujo a una reducción significativa de las cifras sin la intervención de Estados Unidos. A modo de ejemplo, el expresidente indicó que entre 1990 y 1993, el país registraba aproximadamente 48.600 hectáreas de coca, mientras que bajo su administración, esta cifra se redujo a cerca de 20.000.

El cónclave de los productores del Trópico concluyó con una resolución que rechaza enfáticamente el posible regreso de la DEA, declarando que no se permitirá su establecimiento en la región. Los miembros de la Federación Yungas del Chapare fundamentaron su posición en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, el cual prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Además, denunciaron que durante la anterior presencia de la agencia estadounidense, la lucha contra el narcotráfico no fue genuina, sino que estuvo marcada por abusos y la pérdida de vidas de productores cocaleros.

En contraste, desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho emitió una enérgica respuesta, calificando a Morales de cobarde y acusándolo de instrumentalizar la política para salvaguardar intereses personales y vicios. Camacho afirmó que Morales intenta generar resistencia y convulsión ante la perspectiva de que Bolivia reanude la cooperación con organismos internacionales. El gobernador subrayó la necesidad de un nuevo ciclo político que logre pacificar el país e impulse un plan integral para combatir la ilegalidad y los crímenes asociados al narcotráfico.

Camacho enfatizó que el verdadero debate no gira en torno a la presencia de la DEA, sino sobre la imperiosa necesidad de un viraje hacia la libertad, la democracia y el desarrollo que Bolivia requiere. En este escenario, el gobernador posicionó a Morales como un individuo que se ampara en la política para eludir responsabilidades judiciales relacionadas con acusaciones de agresiones a menores, corrupción y la protección que su gobierno habría brindado a actividades perjudiciales como el narcotráfico, que, según él, dañan vidas y destruyen familias.

Este cruce de acusaciones entre Morales y Camacho se produce en un momento de reconfiguración política en Bolivia, tras la elección de Rodrigo Paz. El discurso de Paz sobre la cooperación internacional en materia antidrogas ha generado claras resistencias en el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) y, al mismo tiempo, ha encontrado un sólido respaldo en diversos sectores de la oposición