El panorama político se tensa a escasos días de la fecha crucial para la segunda vuelta electoral, con la sombra de una posible interrupción del proce
El panorama político se tensa a escasos días de la fecha crucial para la segunda vuelta electoral, con la sombra de una posible interrupción del proceso democrático cerniéndose sobre el país. Desde el ámbito legislativo, en particular el Senado, persiste una iniciativa que busca no solo la suspensión de la contienda electoral definitiva, sino también la remoción de los miembros del tribunal electoral y, consecuentemente, la extensión de los mandatos de las actuales autoridades ejecutivas y legislativas.
Esta propuesta ha generado una ola de rechazo que trasciende las fronteras políticas, uniendo a diversas instituciones estatales, actores políticos y observadores internacionales, como la delegación de la Unión Europea, en una postura firme contra cualquier intento de desestabilización. En este contexto, se vislumbra la necesidad de una cumbre de alto nivel para reafirmar el compromiso con la democracia y la integridad electoral. Si bien aún no hay una respuesta formal del órgano electoral a la invitación presidencial para dicho encuentro, algunas voces dentro de la entidad subrayan la urgencia de que los distintos poderes del Estado confluyan para salvaguardar el proceso comicial.
La génesis de esta controversia se encuentra en un proyecto de ley, denominado de ‘Aplicación gubernativa electoral’, impulsado por un senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), vinculado a una facción interna. Esta iniciativa, interpretada por amplios sectores del gobierno saliente, así como por candidatos y organizaciones civiles, como una estrategia de la línea más radical del partido gobernante, propone la destitución de los seis magistrados electorales, tanto titulares como suplentes. De concretarse, esto anularía de facto las elecciones presidenciales que se encuentran en su fase final, resultando en la prolongación de los mandatos del actual presidente, vicepresidente y de los 166 legisladores, junto a sus respectivos suplentes.
Una legisladora de la oposición alertó sobre la persistencia de esta amenaza en el Senado. A pesar de previos anuncios sobre el retiro del proyecto de la agenda legislativa, la propuesta ha resurgido con una nueva táctica. El senador proponente intentó su tratamiento en sesión plenaria mediante un procedimiento excepcional, eludiendo el análisis previo de las comisiones de Constitución y Justicia. La fuerte oposición de sus colegas y las protestas ciudadanas impidieron su aprobación expedita en el pleno, pero la directiva del Senado ha habilitado una ruta alternativa para su consideración: la Comisión de Constitución.
La presidenta de esta comisión, también del MAS, confirmó que el proyecto sería abordado en una sesión virtual, anticipando novedades sobre su eventual tratamiento en el pleno la semana siguiente, ya sea para su aprobación o rechazo. No obstante, la misma legisladora aseguró que todos los miembros de la comisión se oponen a la iniciativa y a cualquier prórroga de sus mandatos.
Paralelamente a estos acontecimientos legislativos, el Órgano Ejecutivo ha elevado el tono de alarma. El presidente del país, al denunciar lo que calificó como un intento de desestabilización orquestado desde el Legislativo, solicitó al tribunal electoral la convocatoria de una reunión urgente con todos los órganos del Estado, incluyendo el Ministerio Público. Desde la entidad electoral se informó que, aunque no se había recibido una solicitud formal por escrito, la idea de una cumbre en defensa de la democracia cuenta con respaldo individual entre sus miembros, quienes la consideran una medida apremiante para que los poderes del Estado unan fuerzas en la protección del sistema democrático.
Un magistrado electoral calificó la intención del senador proponente como un intento de desconocer la voluntad popular, enfatizando la importancia de participar en el proceso electoral, respetar el sistema democrático y asegurar una transición pacífica y transparente. Se espera que en los próximos días, la Sala Plena del tribunal electoral evalúe formalmente la solicitud presidencial y emita una determinación.
Este complejo escenario también ha movilizado a la sociedad civil. Representantes de un comité cívico regional, junto a una diputada, se reunieron con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para expresar su inquietud ante las acciones percibidas como conspirativas y desestabilizadoras contra la inminente segunda vuelta. Entregaron un documento a la misión, denunciando los hechos y advirtiendo sobre la disposición de la ciudadanía a rechazar cualquier atentado contra la democracia. El mensaje fue claro: cualquier intento de postergar o anular la elección provocará una respuesta ciudadana inmediata y contundente, con la población dispuesta a defender la democracia en las calles. Asimismo, solicitaron a la Misión de Observación que interceda ante el tribunal electoral para salvaguardar los derechos de los votantes y garantizar la plena realización de la segunda vuelta.
El presidente del país, en una declaración pública, reiteró su denuncia sobre un golpe a la democracia en curso desde el Senado, señalando el proyecto de ley como parte de esta estrategia. También alertó sobre posibles movimientos para modificar la directiva de la Cámara de Diputados con el fin de facilitar la ejecución de un plan de autoprórroga. Acompañado de sus ministros, el mandatario hizo un llamado de alerta a la población y a la comunidad internacional, enfatizando su decisión indeclinable de entregar el gobierno al presidente electo en la fecha establecida. En este contexto, instó nuevamente al tribunal electoral a convocar, a la brevedad posible, a un encuentro de los cuatro órganos del Estado, incluyendo el Ministerio Público, para reafirmar el compromiso colectivo con la democracia
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