Más de 500 representantes de los distintos órganos del Estado se reunirán en un encuentro nacional con el propósito de definir una hoja de ruta para l
Más de 500 representantes de los distintos órganos del Estado se reunirán en un encuentro nacional con el propósito de definir una hoja de ruta para la reforma del sistema judicial. Entre las propuestas destacadas se encuentran la revisión del escalafón judicial y la despolitización del ámbito judicial.
La Cumbre Judicial Nacional se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Sucre, con la participación de alrededor de 500 asistentes y un despliegue de 200 agentes de seguridad. Este evento, el primero de gran escala bajo la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira, busca establecer las bases para una reforma profunda del sistema judicial boliviano, una demanda recurrente de la sociedad civil.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que la cumbre se organizará en cuatro mesas de trabajo, cada una enfocada en un eje temático clave para la transformación judicial. Tras la ceremonia inaugural, los participantes se dividirán para abordar los siguientes temas: actualización normativa, presupuesto judicial con énfasis en sostenibilidad y eficiencia, fortalecimiento de la carrera judicial para garantizar meritocracia y estabilidad, y modernización tecnológica para facilitar el acceso a la justicia.
Saucedo resaltó la magnitud del encuentro y la expectativa de alcanzar acuerdos concretos en plazos cortos y medianos. Confirmó la presencia de los presidentes de los cuatro órganos del Estado, así como representantes de la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Agroambiental. Además, destacó que el presidente Paz Pereira y el nuevo ministro de Justicia, Freddy Vidovic, participarán activamente en las mesas de trabajo para asegurar resultados tangibles.
Al concluir la jornada, prevista para las 19:00, se presentarán las conclusiones que darán origen a una hoja de ruta consensuada para impulsar la reforma estructural del sistema judicial.
La cumbre contará con la participación de autoridades políticas, judiciales, académicas y profesionales del derecho. Entre los objetivos prioritarios figura la lucha contra la corrupción mediante la implementación de herramientas tecnológicas que permitan un acceso transparente y digital a los expedientes judiciales, promoviendo así una justicia más accesible y eficiente.
Desde la región de Santa Cruz, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Quezada, enfatizó la necesidad de consolidar la independencia judicial, proponiendo un sistema autónomo que se rija estrictamente por la Constitución y la ley, con la participación activa de la ciudadanía.
Por su parte, el experto en derecho autonómico Esteban Ortuño señaló que la cumbre debe ir más allá del diagnóstico y traducirse en medidas concretas que fortalezcan la independencia y la integridad del sistema judicial. Destacó la importancia de revisar el escalafón judicial para garantizar recursos económicos suficientes que permitan al Órgano Judicial operar sin dependencia de otros poderes del Estado, así como la necesidad de reformar los procesos de selección de jueces.
Ortuño advirtió que la politización del sistema judicial tiene su raíz en la designación de jueces y magistrados basada en intereses partidarios en lugar de méritos profesionales, lo que compromete la autonomía judicial. Recalcó que la carrera judicial debe priorizar la capacidad y la probidad, asegurando que los cargos se otorguen por mérito y no por influencia política.
Asimismo, planteó la urgencia de renovar a los magistrados que han prorrogado su mandato en el Tribunal Constitucional de Justicia, subrayando que estos temas deben convertirse en políticas públicas sostenibles y no en declaraciones pasajeras.
En definitiva, la Cumbre Judicial Nacional se presenta como una oportunidad clave para avanzar hacia un sistema judicial más justo, independiente y eficiente, alineado con las demandas sociales y las necesidades institucionales del país
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