Se ha identificado la proliferación de serias amenazas en la región del Trópico de Cochabamba, con el objetivo de establecer una estructura de poder p
Se ha identificado la proliferación de serias amenazas en la región del Trópico de Cochabamba, con el objetivo de establecer una estructura de poder político ajena a la autoridad estatal boliviana. Estas acciones incluyen intimidación, la expulsión de voces disidentes, actos de violencia física y una creciente presión contra las instituciones.
La finalidad de estas amenazas es afianzar un control político que, en esencia, busca preservar una estructura que ignora el derecho fundamental de los ciudadanos a la libre elección. Entre los incidentes más preocupantes se mencionan las coacciones directas a candidatos en elecciones sindicales, a quienes se les exige abandonar el territorio o retirarse de los comicios internos si no se alinean con una determinada corriente política. Esto no solo evidencia un intento de neutralizar opositores, sino también una flagrante inobservancia de la normativa legal.
El Ministerio de Gobierno, a través de sus viceministerios, ha estado desplegando operativos en la zona. Una reciente intervención, encabezada por el viceministro Jaime Mamani, resultó en el hallazgo de instalaciones para el procesamiento de sustancias ilícitas, un indicio de actividades relacionadas con el narcotráfico.
La región del Trópico de Cochabamba atraviesa una profunda crisis institucional, atribuida a una facción política que promueve la obediencia incondicional, excluye el diálogo y procura imponer un sistema paralelo al Estado de derecho. Estos grupos, según las autoridades, recurren a la intimidación, el miedo e incluso la consumación de homicidios al margen de la ley para consolidar su dominio. Si bien se ha rechazado la noción de que la región sea una zona sin control estatal efectivo, se reconocen dinámicas disfuncionales que obstaculizan la labor policial y judicial.
En cuanto a los hechos delictivos, se informó que las muertes de cuatro personas durante movilizaciones en septiembre del año anterior permitieron la captura de los responsables, quienes estaban vinculados a un fraude en la comercialización de armamento y actualmente se encuentran bajo detención. Respecto a un suceso en Yapacaní, se ha atribuido a una organización criminal liderada por Ariel Villarroel, quien habría asumido el control tras Nabor López. La evidencia sugiere un conflicto interno, con la víctima recibiendo dieciséis impactos de bala antes de que su cuerpo fuera abandonado en Yapacaní. Esta banda se dedica al secuestro y asesinato en el Trópico.
Un reciente homicidio en la región también ha sido vinculado a Ariel Villarreal, debido a la cercanía familiar entre el implicado y la víctima. Aunque este evento fue inicialmente presentado como un acto de justicia comunitaria, las autoridades han señalado que detrás de ello subyace una maniobra política orientada a obstaculizar la intervención estatal en la zona. Se ha indicado que las acciones llevadas a cabo en el Trópico de Cochabamba tienen una motivación política clara: impedir el acceso de la Policía Boliviana. Estas acciones a menudo se disfrazan bajo el pretexto de una supuesta persecución, utilizando información falsa para inflamar los ánimos de la población y mantenerla en un estado de confrontación permanente.
Los habitantes de la región se ven sometidos a la imposición de multas o la amenaza de expulsión si no acatan las directrices emanadas de líderes políticos locales.
Frente a la necesidad de asegurar el ejercicio del sufragio en el Trópico, el Gobierno está desarrollando una estrategia que involucra a representantes gremiales y comunitarios, desvinculados de intereses partidistas, para garantizar el derecho al voto. Se está llevando a cabo un proceso de diálogo constructivo, pues no todos los habitantes de la región respaldan estas prácticas coercitivas. La coordinación con autoridades no políticas, sino más bien sindicales o territoriales, permitirá la expresión democrática del voto. No obstante, se requiere un trabajo firme para impedir que estas amenazas de exclusión y violencia se materialicen. La ciudadanía del Trópico, a pesar de las coacciones, dispone de los recursos estatales para salvaguardar su derecho a la participación democrática
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